La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha decretado prisión provisional sin fianza para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y para siete exconsellers. El octavo, Santi Vila, también irá a prisión, pero podrá salir bajo una fianza de 50 euros.
La magistrada ha hecho caso, así, de la petición que hacía la Fiscalía. Lamela considera que el alto poder adquisitivo del antiguo equipo de Puigdemont aumenta el riesgo de fuga, y que eso hace necesario el ingreso en prisión. Igualmente, la magistrada tiene en cuenta que los delitos de los que están acusados se produjeron de forma reiterada y deliberada.
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En su auto, la juez destaca la gravedad de los delitos que se atribuyen al exGovern y dice de ellos que “urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas “. Lamela asegura también que los líderes independentistas consintieron y apoyaron las “movilizaciones tumulturarias organizadas”,propiciando, así, los actos violentos ocurridos.
Mientras, Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers permanecen en Bélgica. Para ellos, la Fiscalía ha pedido ya una orden de detención europea. La magistrada que instruye el caso aún tiene que pronunciarse sobre esta última petición fiscal, aunque ya se ha sabido que no tomará hoy la decisión.
Los que ya se han pronunciado son los líderes de Podemos. Pablo Iglesias ha calificado a Junqueras y los exconsellers como “presos políticos”, mientras que su compañero Íñigo Errejón ha tachado la decisión de la juez de “aberración jurídica”. Desde la presidencia del Gobierno, se han limitado a afirmar que no van a comentar las decisiones judiciales, mientras que desde el PSOE, Fernandez Vara ha defendido la independencia de la justicia.
Por su parte, las asociaciones independentistas ya han mostrado su rechazo al encarcelamiento de Junqueras, y han convocado una manifestación para el próximo 12 de noviembre. Sin embargo, las primeras protestas están convocadas para esta misma tarde, con concentraciones delante del Parlament y de los principales ayuntamientos. A estas protestas se ha sumado el gobierno de Barcelona. Su alcaldesa, Ada Colau, ha asegurado que la decisión judicial está promovida por la venganza y ha exigido al Gobierno medidas para revertir la situación.
