El PP ya ha pagado los 245.492,80 euros que la Justicia dictaminó que debía tras ser condenado en el marco del caso Gürtel por ser considerada responsable civil a título lucrativo desde el pasado octubre, cuando la sentencia fue firme. Según los documentos a los que ha tenido acceso COLUMNA CERO, el partido conservador abonó dichas cantidades el pasado 12 de noviembre.
El Tribunal Supremo modificó levemente y ratificó las condenas de los principales acusados. Según la sentencia, el PP usó 245 euros de fondos públicos para actos electorales que sufragó la empresa de Francisco Correa en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda (exmarido de la exministra Ana Mato) eran candidatos a sendas alcaldías. Ahora, están condenados a 40 y 14 años de cárcel.
Por ende, el PP abonó según un escrito de la Audiencia Nacional del pasado 4 de diciembre 111.864,32 euros por los gastos en Pozuelo y 133.628,48 euros por la de Majadahonda.
Las claves de la condena
″Considerar que el Partido Popular era conocedor y responsable penal, aunque sea a efectos teóricos, supone entender que no era ajeno a los hechos penales, de modo que sería imposible aplicar la norma utilizada para imputar civilmente a dicho partido en el proceso penal", afirma la sala.
“No puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular, cuando esta posibilidad de que fuera destinatario de sobornos no fue objeto de acusación”, señala el Supremo, que añade: “Sencillamente se ha demostrado que han recibido un dinero que provenía de un hecho ilícito que, por tanto, deberá ser devuelto”.
El presidente del PP, Pablo Casado, volvió a llevar el pasado miércoles miércoles a Europa una situación circunscrita al ámbito privado en su exclusividad. El líder de la oposición participó en un encuentro de los líderes populares europeos -en el que participó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen- y aprovechó para solicitar una gestora independiente que gestione el reparto de los fondos europeos vinculados siempre al respeto al Estado de Derecho. Además, criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya mantenido una conversación extendida con él desde hace tres meses. "Ni contesta", asegura.
Casado mantuvo también el pasado lunes una reunión telemática con el presidente del Grupo Popular Europeo, Manfred Weber. Ambos coincidieron en la necesidad de que la negociación de los fondos europeos esté vinculada al Estado de Derecho, al control parlamentario, los planes de reforma y los proyectos que creen empleo a largo plazo y aumenten la competitividad de la economía.
