El Congreso de los Diputados debatirá este martes el plan B jurídico del PP, alternativo al estado de alarma, que previsiblemente será rechazado por una amplia mayoría. El segundo partido con más peso político del país no ha conseguido ningún apoyo externo al de su grupo parlamentario de manera oficial, aunque Vox podría apoyar dicha proposición de ley de manera oficiosa.
Desde la dirección de Génova 13 aseguran que han intentado recabar apoyos en todos los partidos a excepción de Bildu. Sobre todo han centrado el foco en Ciudadanos, Vox y Más País, que se mostraron muy críticos con la duración del estado de alarma y exigieron al Gobierno una solución alternativa al mismo. A no ser que la situación mejorara exponencialmente, el estado de alarma decaerá el próximo 9 de mayo. El 9 de marzo, el Consejo Interterritorial de Salud evaluará la situación epidemiológica de España y valorará si mantener el estado de alarma dos meses más o levantarlo.
La anterior portavoz del PP en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, registró el pasado 5 de agosto "una proposición de ley de su grupo sobre la protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales”. El principal partido de la oposición proponía reformar un artículo de la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública y cuatro de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa podría ser suficiente para dar cobertura jurídica a una situación excepcional como la provocada por la pandemia del coronavirus sin recurrir a algo tan excepcional como el estado de alarma.
La actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, entregó la semana pasada el texto de la proposición a todos los partidos políticos y aprovechará para tener un contacto directo con todos ellos para intentar recabar apoyos. El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al Gobierno desde la desescalada, el pasado mayo, que se sentaran para consensuar una alternativa al estado de alarma que pudiera estar aprobada "en menos de dos meses".
En la proposición de ley -aprobada por la anterior portavoz popular en la Cámara Baja Cayetana Álvarez de Toledo- se recoge la necesidad de modificar la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública de 1986 y la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998. Génova 13 defiende los siguientes motivos para presentarla: el Ejecutivo recurrió a la "excepcionalidad máxima", confinando a los ciudadanos y recortando "sus derechos básicos, como los de libre circulación, reunión, libertad de establecimiento, libertad de culto y otros". El PP defiende que es el momento de abandonar esta situación de excepcionalidad para "preparar una respuesta jurídica que permita la protección conjunta de los derechos y libertades de los ciudadanos, sin menoscabo de que el Estado también se encargue de velar por su salud".
