El BNG asalta el Pazo de Meirás de la familia Franco para pedir que sea devuelto al pueblo

Los activistas no reconocen que la propiedad pertenezca a la familia Franco y reclaman que sea devuelto a los gallegos. La Xunta manifiesta que está abierta a propuestas para que sea público.
Carlos A. Sánchez
España
31.08.2017
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Los habitantes de Meirás, cerca de la localidad coruñesa de Sada, en la mañana de este miércoles se levantaron con un acto reinvindicativo de integrantes y activistas del partido nacionalista gallego, BNG. En Meirás se encuentra un pazo que hoy pertenece a la familia Franco, tras un acuerdo firmado que cedía el uso y propiedad de la casa señorial, que perteneció a la escritora Emilia Pardo Bazán, como un regalo del pueblo de Sada al dictador. En Meirás, Franco y su familia fijaron su residencia en los períodos estivales. Tras el franquismo, han sido muchas las voces críticas por el uso del Pazo por la familia Franco, ya que consideran que tal acuerdo no fue tal, sino una imposición y acusan al dictador y a su familia de haber usurpado una propiedad que en realidad pertenece al pueblo gallego.

Desde hace días, la polémica sobre la propiedad del Pazo de Meirás se ha acrecentado. Sobre todo, después de unas polémicas declaraciones del presidente de la fundación franquista, en la que ensalzaba los logros de la época franquista y en la que negaba los asesinatos que Franco autorizó con su firma y la de otros de sus correligionarios. Esas declaraciones agradecían a la familia Franco que legase la gestión de las visitas de la residencia de verano del dictador a la fundación que lleva su nombre. “La Fundación Nacional Francisco Franco ha recibido como un honor la decisión de que gestionemos las visitas al Pazo de Meirás. Es una excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco, para potenciar el turismo a Galicia, y para difundir el patrimonio gallego en el mundo”. Estas palabras no gustaron al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que contestó a dicho anuncio con una advertencia. “Si la Xunta detecta actuaciones fuera del marco establecido” serán puestas “en conocimiento de los órganos judiciales”, señaló el mandatario gallego.

Las declaraciones de Jaime Alonso, portavoz de la Fundación Franco en Al Rojo Vivo de La Sexta, encendieron la mecha y han soliviantado, más aún, a quienes repudian que el Pazo de Meirás siga en manos de la familia Franco, que utiliza la casa para pasar algunos días de sus vacaciones de verano.

Este miércoles, simpatizantes y conocidos ex diputados del Parlamento Gallego y ediles del BNG organizaron un acto de protesta que consistió en tomar el Pazo y ocuparlo durante un tiempo para desplegar pancartas reivindicativas, además de realizar declaraciones al pie del pazo, o, incluso, como fue el caso del miembro de la ejecutiva nacional del BNG, Néstor Rego, que subido en lo alto de la torre que preside la imponente casa de Meirás, logró grabar un video en el que justificaba el asalto.

«El Pazo de Meirás queda conquistado para el pueblo gallego». Fue uno de los lemas que repitieron ante los medios de comunicación que se habían dado cita en el lugar. La acción contó con el visto bueno de la Secretaria Nacional del BNG, Ana Pontón, que a través de su cuenta de Twitter informó de la ocupación que habían realizado sus compañeros de partido y simpatizantes. Ana Pontón escribió en la red social del pájaro. «Nacionalistas ocupan el Pazo de Meirás #ElpazoesdelPueblo Bien hecho! Devolución del Pazo de Meirás y antifascismo».

Según ha podido confirmar ColumnaCero, los asaltantes, más de veinte, fueron identificados por la Guardia Civil, que acudió al lugar tras recibir una llamada del cuidador de la finca al servicio de la familia Franco. Los agentes fueron un sargento del cuartel de la guardia civil de Sada y un agente sin rango. En el lugar se presentaron dos agentes. Previamente habrían recibido instrucciones desde la Delegación del Gobierno, según ha informado una fuente consultada por este diario, en la que se dieron órdenes explícitas para que no se montase ningún altercado, ni ningún tipo de enfrentamiento con los asaltantes, y se les indicó que tampoco realizasen detenciones, ya que entre los manifestantes, había políticos nacionalistas,personas aforadas y de fácil identificación por si diera lugar a otro tipo de actuaciones o sanciones administrativas.

El acto del BNG además estaba bien diseñado ya que la fecha elegida es uno de los previstos para las presumibles visitas que recibe de turistas, curiosos o simpatizantes. Y es que la casa ha sido catalogada como bien de interés cultural (BIC). La Xunta firmó un acuerdo con la familia en la que se ha visto obligada a permitir las visitas. El acuerdo, según ha podido saber ColumnaCero, no se cumple con pulcritud ya que los interesados que llaman para solicitar visitar el Pazo -la reserva previa es un requisito imprescindible- no se cumple escrupulosamente ya que es muy normal que el receptor de las llamadas e se excuse contestando que el cupo está cubierto para ese día.

El BNG eligió para realizar el asalto uno de los días previsto para las visitas, por lo que el acto reivindicativo, en principio, no puede considerarse, según han asegurado fuentes consultadas por este periódico digital, como una usurpación o un allanamiento de morada. En el primer caso, la usurpación no existe porque la finca estaba abierta al público por lo que los activistas no tuvieron que forcejear, saltar vallas, o entrar en la vivienda por la fuerza. Tampoco los guardia civiles pudieron acusar a los activistas de allanamiento, porque la ocupación fue simbólica y con el objeto de hacer un acto de protesta en el que se desplegaron unas pancartas y unas banderas nacionalistas.

El cuidador de la finca no fue atacado por los ocupas. Simplemente éste les advirtió que estaban dentro de una propiedad privada y que no se les permitía la entrada. Al persistir en su idea de entrar en la vivienda decidió llamar a la guardia civil para informar de lo que estaba sucediendo. El cuartel, pese a encontrarse próximo al Pazo, trató media hora en acudir al lugar.

La guardia civil no procedió a detener a los activistas, pero sí identificó a todas las personas que participaron en el acto de protesta, aunque cuando acudieron al lugar ya sabían que no habían solicitado permiso a las autoridades para realizar su acción ilegal. Los activistas fueron informados de que habían cometido un delito de desobediencia y que al carecer de la oportuna autorización para concentrarse y manifestarse delante de la propiedad serían multados, en aplicación de la llamada popularmente Ley Mordaza.

La guardia civil tomó nota de los hechos y los ha remitido al juzgado por si el juez de reparto, que tenga que estudiar la denuncia, considera que hay algún otro tipo de ilícito penal que derive en otro tipo de medidas contra los activistas. La guardia civil no retiró ni las banderas ni las pancartas a los activistas para acompañar los objetos a la denuncia que llegará al juzgado, por lo que todo hace indicar que la denuncia se archivará sin más consecuencias que una posible multa.

Los activistas no descartan volver a tomar las mismas medidas en futuras ocasiones en las mismas condiciones con el fin de dar visibilidad a las acciones reivindicativas y para que el Parlamento Europeo tenga constancia de que la familia del dictador posee esta vivienda y otras que no son patrimonio directo de Franco y su familia.

Por otro lado, el PPdeG ha admitido que estudiará una propuesta del PSdeG-PSOE para analizar la reversión del pazo a titularidad pública. Pedro Puy, portavoz del partido Popular en el Parlamento de Galicia ha dicho que le parece «interesante» la propuesta socialista por la que la se solicita abrir «una comisión especial» con todas las administraciones implicadas para «ver si existen procedimientos legales» que permitan revertir la cesión del inmueble al dictador. Los grupos de la oposición cuestionan que la Fundación Francisco Franco pueda encargarse de las visitas a

A juicio de Pedro Puy, lo «lógico» sería que el Pazo de Meirás fuese de titularidad pública. La familia del dictador, dijo, debería «darse cuenta» de que debería devolverlo a quien se la dio a Franco por su condición de jefe de Estado: el pueblo.

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