Nuevo bache en la lucha por la desescalada del virus. El pedido de los nuevos test, que reemplazarían a los 640 defectuosos, se ha cancelado tras constatar que no funcionan. El Gobierno, según ha informado El País, solicita recuperar el dinero invertido en las pruebas.
Sigue en DIRECTO la última hora del coronavirus
Los nuevos test reemplazarían a los 640 antiguos que presentaban una baja posibilidad de detectar el virus en una persona contagiada. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo por parte del Instituto de Salud Carlos III, se ha comprobado que las nuevas pruebas también carecen de la fiabilidad necesaria para distribuirlas. Es por ello por lo que el Gobierno decidió cancelar completamente el pedido a la empresa china Bioeasy y buscar el reembolso total del mismo.
Mientras que los primeros test utilizaban el método coloidal para la detección del virus, las nuevas pruebas presentaban uno diferente: el de la fluorescencia. No obstante, para llevar a cabo el análisis de posibles contagiados por el virus se precisaba de un analizador y un lector. Esta maquinaría, según han informado fuentes del Instituto de Salud Carlos III, la iba a regalar la empresa china como compensación por los 640 test fallidos.
"El ministerio sigue sin desvelar cuánto le costó el encargo a Bioeasy y quién es el misterioso intermediario español que hizo la operación. Sanidad no está publicando los contratos de compras de material sanitario pese a que la Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha emitido un informe en el que asegura que debe hacerlo", ha publicado el citado diario.
La empresa china Bioeasy ha tensado la cuerda contra el Gobierno, y ahora es el ejecutivo quien ha decidido cancelar el contrato con ella. En el primer momento, tras el escándalo de los 640 test rápidos que resultaron ser ineficaces, el ministro de Sanidad, Salvador Illa aseguró en rueda de prensa que "si no hubo fraude, no hay nada que hacer", por lo que decidió no emprender acciones judiciales contra la empresa. Ahora, tras esta segunda venta de material sanitario defectuoso, está por ver qué hace el Gobierno.
