Esta declaración viene dada en respuesta a las manifestaciones realizadas ayer a Antena 3 Televisión, por el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en las que afirmaba que la Justicia española ha resultado humillada por los Tribunales europeos.
"Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho", ha enunciado.
"Esta tarea", continúa," incluye la colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), únicos tribunales europeos a los que se subordina la jurisdicción española en el ejercicio de sus competencias".
Recuerda que en relación a los hechos acaecidos en Cataluña en el otoño de 2017, "sólo existen dos pronunciamientos de estos tribunales".
Por un lado, "la sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019, dictada en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español y que aclara la cuestión de la inmunidad de los europarlamentarios desde la perspectiva del derecho europeo". "Una vez conocida la sentencia, el Tribunal Supremo acordó la inhabilitación del procesado Oriol Junqueras decisión ejecutada por el Parlamento Europeo, y solicitó a esta Cámara la suspensión de la inmunidad de Carles Puigdemont y Antoni Comín".
Por otro lado, "el pronunciamiento del TEDH, que confirmó la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament de Cataluña de 9 de octubre de 2017" declarando que "esa suspensión era "necesaria en una sociedad democrática" para "el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás"".
La Comisión Permanente recuerda también, "en relación con la actuación de otros tribunales respecto de los que no existe subordinación alguna de la Justicia española, que ninguno de ellos ha hecho pronunciamiento definitivo sobre las euroórdenes cursadas a Bélgica contra Carles Puigdemont y Antoni Comín (que se encuentran suspendidas), ni sobre la cursada a Escocia contra Clara Ponsatí (que sigue tramitándose).
Y además quiere recordar que, "solo el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein rechazó, contra el criterio de la fiscalía de ese país, la entrega de Carles Puigdemont, para ser enjuiciado por el delito de rebelión, aunque sí aceptó su entrega por el de malversación de caudales públicos".
Por todo ello, la Comisión Permanente apela a la "moderación, prudencia y mesura" y a la "responsabilidad institucional" , sigue diciendo, "para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad" de los jueces y magistrados "que integran el Poder Judicial".
