Durante la organización del 32 Congreso de Jueces y Juezas para la Democracia que se ha desarrollado en Lleida, los jueces vinculados a esta organización progresista han emitido un durísimo comunicado cuya conclusión es la petición de “la dimisión de Carlos Lesmes por su escandalosa gestión al frente del Consejo General del Poder Judicial -CGPJ-“, dicen los magistrados a través de su cuenta oficial de Twitter.
Además, los jueces han firmado un documento con once puntos en los que justifican la petición de la dimisión del máximo mandatario de los jueces españoles. El documento, titulado, “La escandalosa gestión del actual CGPJ y de su presidente”, relata los momentos que a juicio de la organización progresista respaldan la petición de dimisión. Los ejemplos y el tinte de las afirmaciones recogen momentos de enorme gravedad que ponen en tela de juicio la independencia de los jueces.
La conclusión que realizan Jueces para la Democracia al final del documento que han firmado los magistrados de esta asociación es que en defensa de la Constitución y de la legalidad, se ven obligados “a solicitar la dimisión del Presidente del Consejo General del Poder Judicial, como principal responsable de estas decisiones y omisiones”.
En el primer punto, acusa a la CGPD de proceder de forma sectaria en los nombramientos de los nuevos jueces y de no respetar el principio de imparcialidad y la separación de poderes. Cita para ilustrarlo el caso de los nuevos jueces valencianos que tendrán que hacerse cargo de las diferentes tramas de corrupción que están pendientes de resolución judicial. “Jueces para la democracia denuncia la sectaria política de nombramientos que viene desarrollando el Consejo General del Poder Judicial, que ha alcanzado su cenit con la designación de la presidenta de la Sala Penal y de los magistrados de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional así como de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Una política que supone el flagrante abandono de su cometido institucional y sus deberes constitucionales de defensa de la independencia de los jueces y de mantenimiento de la separación de poderes”.
En el segundo punto, sin poner nombres, recuerda el capítulo que se ha vivido con Manuel Moix desde que se conocieron las grabaciones de Eduardo Zaplana e Ignacio González en donde Moix era señalado como preferido para el puesto. “Lo que se denuncia no es un hecho aislado, pues sigue al nombramiento de un Fiscal General del Estado (que obtuvo el plácet casi unánime del Consejo) complaciente con la política de nombramientos diseñada desde el Ministerio de Justicia, y a la consiguiente colocación al frente de la fiscalía anticorrupción de un profesional que, conocidamente, gozaba del favor de investigados por corrupción vinculados al partido del gobierno. Las conversaciones entre algunos de estos, con cargos del máximo nivel hasta hace poco en el gobierno de la Comunidad de Madrid, son un escándalo que ilustra sobre el papel reservado a la jurisdicción y el ministerio público en el imaginario de un sector significativo de la derecha gobernante, que se concreta en la subordinación de ambas instituciones a sus intereses político-partidistas”, explican desde Jueces para la Democracia.
En el tercer punto, acusa al máximo órgano de los jueces de falta de control de la institución. “El Consejo General del Poder Judicial ha cumplido un papel irreemplazable en la hoja de ruta diseñada al detalle desde el Ministerio de Justicia para controlar la actividad judicial relacionada con las innumerables causas por corrupción que afectan al partido del gobierno; y lo ha hecho tanto por acción, al cooperar en la puesta en marcha en tiempo récord (menos de tres meses) de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y completar la sala constituida en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, como por omisión, no dando cumplimiento, pudiendo hacerlo, a las previsiones legales que le autorizan desde 2015 a convocar pruebas selectivas y proveer de magistrados especialistas en el orden penal, que son los preferentemente llamados por la ley para cubrir estas plazas”, de lo que cabría deducir que el máximo órgano judicial está al servicio de los poderes fácticos del país.
En el cuarto punto, los jueces de esta organización señalan y acusan de falta de imparcialidad de los nuevos colegas nombrados, recordando que ambos jueces han sido desautorizados y apartados por sus sospechosas actuaciones. “Los elegidos para ocupar la presidencia de la sala penal y el tribunal de apelación de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel y Enrique López, habían sido apartados reiteradamente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por su falta de imparcialidad para conocer de causas penales relacionadas con delitos de corrupción del partido del gobierno. Nada menos que en tres ocasiones el tribunal en pleno se vio obligado a admitir las recusaciones apoyadas por la fiscalía. La pertinaz actitud de la magistrada y el magistrado, al tratar de mantener su presencia contra viento y marea, es un hecho inédito en nuestra historia judicial; como lo fue también la aludida posición de la fiscalía. Espejel y López eran los candidatos más inidóneos desde el punto de vista de la separación de poderes y de la imagen de imparcialidad que debe connotar a los tribunales. Otro tanto cabe predicar de quien ha ocupado la plaza creada en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la ex presidenta de su Audiencia Provincial, Carmen Llombart, vocal del Consejo General del Poder Judicial por designación del Partido Popular. Es preciso tener en cuenta que la Audiencia Nacional acumula causas de corrupción que afectan al partido del gobierno, y en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha dictado ya, hace pocas fechas, la primera sentencia condenatoria de las numerosas causas que penden en ese tribunal relacionadas con el caso “Gurtel”; unos datos sin los cuales, seguramente, no se habrían producido estos movimientos, o no de esta manera”, recuerdan en su escrito de once puntos.
En quinto lugar, lamentan que las reglas básicas del estado de derecho se hayan comprometido en los últimos meses, ya que a su juicio, se han tomado decisiones arbitrarias que comprometen los derechos consagrados en la Constitución. “El Consejo General del Poder Judicial ha hecho causa común con el gobierno y su partido y les ha dado satisfacción nombrando, en tal delicadísima coyuntura, a jueces de su preferencia. Esto supone una ruptura de reglas básicas de funcionamiento del estado de derecho, a cuya esencia corresponde someter a los poderes públicos y privados a la Constitución y a la ley, reducir las ilegalidades del poder y sancionar los delitos que cometan los sujetos públicos”.
En sexto lugar, los jueces consideran que su trabajo está comprometido para el futuro. “Lo sucedido es de una gravedad tal que compromete para el futuro y de manera irreversible la capacidad para desarrollar sus funciones de dos tribunales que son ya, y lo serán aún más en el futuro, la clave en el enjuiciamiento de los más graves casos de corrupción que afectan al partido que sostiene al gobierno. Solo un diseño institucional del Consejo como el actual, trazado asimismo por el gobierno, y centrado en la figura de un todopoderoso presidente, indirectamente designado también por el partido del gobierno, podría haber propiciado una política de nombramientos tan desafortunada y perjudicial para la imagen de jueces y magistrados/as y el funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales”, afirman con extrema dureza.
Las acusaciones elevan el tono en el punto séptimo del comunicado, en donde se acusa a Lesmes y su órgano rector de nepotismo. “No son los únicos supuestos, sino que la situación ha llegado a llamativas y presuntuosas situaciones de nepotismo. En la reunión del pasado día 27 de octubre del Pleno del Consejo General del Poder Judicial eligió para el puesto de Jefe de Sección del Servicio de Formación Continuada, al que optaban numerosas personas, algunas de ellas con una larga y acreditada experiencia en la carrera judicial, a un joven fiscal, cuyo mérito principal radicaba en ser hijo de un vocal del órgano de gobierno. Este hecho fue denunciado en un comunicado conjunto por las cuatro asociaciones judiciales”, recuerdan los magistrados.
La actuación judicial, según Jueces para la Democracia, es errática y acusan al máximo órgano de no velar por la independencia de las actuaciones judiciales, poniendo el ejemplo en los casos de las cláusulas suelo. “Es de lamentar la gestión que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho de las medidas de “sustitución y refuerzo” que ha aplicado en bloque a dos promociones, la 65 y 66, lo que atenta contra el principio básico de independencia judicial. Resulta llamativa la constante emisión de “recomendaciones” por el Servicio de Inspección en materia de cláusulas suelo y delitos de usurpación, requiriendo a jueces y juezas a actuar procesalmente o a decidir archivos o sobreseimientos en un determinado sentido. La errática y sorpresiva pretensión del CGPJ de encomendar estas funciones a los juzgados de menores y de vigilancia penitenciaria, con grave quebranto de los principios de competencia genérica y por órdenes así como de especialidad, abunda en este cúmulo de desaciertos”, relatan.
Acusan al CGPJ en el punto noveno de realizar prácticas de parches y de vaciar los juzgados por falta de previsión y acción. “La imprevisión, falta de maniobra política, de gestión y “parcheo” estatutario no se ha acaba en lo anterior. Ha continuado con la promoción 67, con el reciente Acuerdo de la Comisión Permanente de 25 de mayo de 2017 por el cual se destina forzosamente a compañeros/as de dicha promoción a los recién creados juzgados especializados en cláusulas suelo que entrarán en funcionamiento el próximo 1 de junio. Toda una frustración para 65 compañeros y compañeras de la última promoción destinados, simplemente, a vaciar juzgados de una avalancha que la imprevisión gubernamental ha puesto en marcha, y a aplicar mecánicamente criterios que ya han sido establecidos definitivamente por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea“, documentan los magistrados.
Tampoco están de acuerdo los jueces con las condiciones de trabajo que tienen que soportar. En el punto décimo de su comunicado hacen hincapié en ello, recordando que no se cumplen los acuerdos ni la Ley. “Seguimos esperando que el Consejo General del Poder Judicial señale definitivamente los módulos de entrada que fija, desde el año 2003, la Ley de Retribuciones. Esos módulos de salida y cargas de trabajo estaban previstos por el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, aprobado por el CGPJ para el bienio 2015-2016. El plan se ha agotado, sin que el Consejo haya aprobado otro, y, lo que es más, ni siquiera se ha dado cumplimiento al mandato previsto en dicho plan de fijar la carga de salida, a efectos de salud laboral como factor de riesgo psicosocial. Y ello pese a los esfuerzos de los representantes de la Carrera en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud (CNSS), designados por las asociaciones judiciales. El CGPJ no ha aceptado, ni tan siquiera con carácter provisional, el fijar el rendimiento saludable del trabajo de quienes ejercemos la jurisdicción, ignorando los argumentos expuestos por los propios jueces y juezas”, acusan desde Jueces para la Democracia.
Por último, terminan su comunicado recordando la politización de la justicia. “En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del pasado marzo, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial afirmó que la culpa de la politización de la Justicia la tienen las asociaciones judiciales ya que representan opciones ideológicas y se identifican con partidos políticos. Lo dice sin empacho alguno quien ha sido alto cargo del Gobierno del Partido Popular durante ocho años. La petición de rectificación solicitada al unísono por las cuatro asociaciones judiciales ha merecido la más absoluta de las indiferencias por parte del Sr. Lesmes. Su menosprecio por la labor que realizan las asociaciones judiciales en su deber constitucional de proteger la independencia de juezas y jueces y sus derechos y deberes profesionales ha sido ha sido una constante durante su mandato”.
