El otoño caliente que advierten desde Cataluña podría comenzar el próximo lunes. Los jueces del Tribunal Supremo que han llevado el caso del procés catalán firmarán a primera la sentencia que, por unanimidad, llevará a la cárcel a los 12 políticos independentistas que hicieron posible las leyes de desconexción con el Estado del 6 y 7 de septiembre de 2017, el referéndum ilegal del 1 de octubre del mismo año y la fallida declaración de independencia de Cataluña, del 27 del mismo mes. Estos serán condenados, por unanimidad, por un delito de sedición.
Los jueces han decidido condenar también a varios de los que fueran parte del Govern de Carles Puigdemont por un delito de malversación de caudales públicos. Este está directamente relacionado con el otro delito de la sentencia: los magistrados entienden que algunos de los líderes soberanistas tuvieron que malversar dinero público para cometer sedición. Este delito está recogido en el artículo 544 del Código Penal con penas entre los 10 y los 15 años de prisión.
Por lo tanto, el delito de rebelión queda descartado en el escrito final de los jueces del Supremo. Este necesitaba de una violencia extendida a lo largo del tiempo. Los jueces aseguran que sí hubo violencia, pero fue de manera puntual. Es decir: desestiman la petición de la Fiscalía y, con ella, poder condenarles a más años de cárcel.
Los líderes que se enfrentaron al juicio del procés antes de verano fueron el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras; los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolos Bassa; los dirigentes de entidades independentistas como la ANC Jordi Cuixart y Jordi Sànchez; y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell. Los exconsellers Carlos Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs solo serán condenados por un delito de desobediencia porque no se ha podido comprobar la coautoría de malversación.
La sentencia, a lo largo de los 500 folios que tiene, hablará el próximo lunes del derecho a decidir, el de manifestación o el de participacióin política. Esta pondrá el punto de inicio de una nueva relación con Cataluña, que podría servir de barrera para impedir otros procesos de independencia en dicha comunidad autónoma.
