Los 14 días que llevan 147 migrantes procedentes de Libia en el buque catalán Open Arms parece que ha presionado a los gobiernos de diferentes países europeos. Después de que hace unos días un tribunal italiano permitiera la entrada del barco en aguas del país, el Gobierno de España ha accedido a acoger a parte de los náufragos. El poder Ejecutivo cambia así la postura que ha mantenido durante los últimos meses, basada en un consenso de los países de la Unión Europea para solucionar los problemas de la crisis migratoria.
Fuentes cercanas al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, apuntan a que España ha entrado en el plan coordinado desde la Comisión Europea para solucionar este nuevo dilema que ha generado la ONG española. Según dichas fuentes, España podría acoger un 10% del total de rescatados. Es decir: el Ejecutivo permitiría el desembarco de entre 15 y 20 personas. En este modelo de reparto entrarían hasta 10 países de la zona euro, coordinados entre Francia y Alemania para ofrecer una "distribución solidaria", según el diario El País.
Desde La Moncloa se negaban a acoger a los inmigrantes del buque debido a que ya se soporta mucha presión migratoria procedentes de Marruecos. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, recordó que las leyes portuarias determinan que el puerto más seguro es aquel que se encuentre más cerca, descartando España como una zona de desembarco. Sin embargo, el alcalde de Cádiz, José María González "Kichi" ofreció el puerto de la ciudad andaluza para que se pudiera dar ayuda humanitaria a los rescatados.