Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Gerona, Huesca, La Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora. El fraude destapado asciende a 9.233.319,92 euros.
Entramados empresariales
Las investigaciones comenzaron a finales de 2018, tras recibir varias denuncias de irregularidades contra la Tesorería General de la Seguridad Social. Tras un minucioso estudio de la documentación, se observó que, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar el cobro de la Tesorería, se crearon entramados empresariales con empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían los beneficios y el patrimonio.
Administradores y empleados
Los 45 responsables del delito han resultado ser, principalmente, los administradores de las empresas, pero también sus testaferros (algunos trabajadores en connivencia), así como familiares de los primeros, a quienes se les ha imputado delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, insolvencia punible y usurpación de estado civil.
Impagos desde hace 10 años
Desde que en 2009 comenzaran las actividades de una de las empresas investigadas, jamás fueron ingresadas las cotizaciones de sus trabajadores, generando hasta la fecha un perjuicio a la Seguridad Social de 376.884,01 euros. Por este hecho, la administradora de la sociedad fue detenida como autora de un delito agravado contra la seguridad social.
En precario
La falta de voluntad de regularizar la situación ha sido palpable durante estos años, ocultando a la Tesorería General la verdadera situación laboral de la sociedad y su balance económico. A los trabajadores se les pagaba su jornal en metálico, no se les daba de alta en la Seguridad Social ni se les hacía contratos donde se especificaran las horas a trabajar, ni el salario que recibir por su desempeño profesional. A los empleados, pese a trabajar todas las semanas de lunes a sábado y en algunos casos desde 2013 hasta la actualidad, no se les abonaba el salario si se ponían enfermos o si se iban de vacaciones.
Administrador en paro
Una sociedad sin trabajadores y con su administrador en paro, consiguió 700 euros de financiación. Estaba administrada concursalmente e intentó ser comprada fraudulentamente por una segunda sociedad, con la que supuestamente se resolverían los problemas económicos con la Seguridad Social, valorados en más de 150 euros. Para reforzar la oferta sobre la unidad de producción, la adquirente se valió de un documento firmado por el administrador de una tercera sociedad, que comunicaba la aprobación de una financiación de 700 euros. Curiosamente, esta última empresa, que fue comprada por un euro y que no figura dada de alta en la Seguridad Social al carecer de trabajadores, tiene su objeto social muy alejado de la principal investigada y su administrador que cobraba el paro, lo que indica que esta mercantil no tenía capacidad de realizar una operación de esas características.
