Parece que vuelven a las mentiras, ante una verdad incómoda. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, o alguien de su gabinete, dice que la adjudicación de tres de los cuatro contratos que se ha llevado la empresa OMDUDS, para dotar de seguridad privada a las cárceles, “se realizó al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para la Administración”.
El lote de Navidad
Para la Asociación Unificada de la Guardia civil (AUGC) es increíble este argumento, cuando el Consejo de Ministros dijo que “el contrato se estructura en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, con lo que se pretende garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato, de tal manera que cada lote se adjudique a un licitador diferente”.
115 millones
La AUGC, que hace un trabajo de transparencia continuada dentro de la Guardia Civil, denuncia alto y claro que “si se suman los contratos adjudicados a empresas privadas, desde octubre de 2014, este servicio duplicado e inútil nos ha costado 115 millones de euros”.
El servicio, barato, lo que se dice barato, no parece que sea; “solo en octubre, noviembre y diciembre de 2016, la factura ha sido de 7.791.151 euros”. Estos tres meses corresponden a la prórroga automática del contrato, hasta la adjudicación del de este año, cuya aprobación la hizo el Gobierno en funciones, en agosto, por importe de 34 millones. Y, a que no te imaginas quién se lleva 27 de estos 34? Sí: OMDUDS.
Maldita hemeroteca
Pero, cuándo y por qué el Gobierno decide contratar empresas privadas de seguridad para el perímetro de los centros penitenciario. Pues la hemeroteca más cercana nos dice, el 27 de julio de 2015, “el Gobierno niega que tenga previsto privatizar actividad alguna de seguridad pública, y asegura que lo único que va a hacer es contratar a vigilantes de seguridad privada para realizar tareas ‘auxiliares’ o de ‘apoyo’”.
Un año después, agosto de 2016, “el Consejo de Ministros autorizó destinar una partida de 58 millones de euros, para que el Ministerio del Interior contrate 203 agentes de seguridad privada para que presten servicio en 67 centros penitenciarios públicos”.
Y, en diciembre de 2016: “el Ministerio del Interior ha vuelto a poner en manos de empresas privadas la seguridad perimetral de 64 cárceles, por 34,6 millones; un 3,6% más que el año anterior”.
Quienes son los de OMBUDS?
Qué intriga. Estamos todos deseando saber quiénes son los agraciados con tres de los cuatro contratos de este año, con un 3,6% de aumento ‘salarial’. Pues es una empresa de seguridad, vigilancia y protección. Más claro agua: “OMBUDS seguridad. División perteneciente al Grupo OMBUDS”. Con central en Madrid, tiene 14 delegaciones. A ojo de buen cubero, diría que el 98% de sus clientes son administraciones públicas: servicio público internacional, regional, universidades, sanidad, transporte público (claro); en fin, son líderes e innovadores.
Gastarme tu dinero, es fácil
Pues esta partida presupuestaria del Ministerio del Interior, de 115 millones, troceada en ‘lotes’ y meses, es, para la asociación de guardias civiles, “absolutamente innecesaria, ya que los vigilantes, los guardias civiles y policías están desempeñando los mismos cometidos de modo duplicado”
