La Audiencia de Granada ha hecho pública hoy martes su sentencia del ‘caso Romanones’, en el que el único acusado por delitos de abusos sexuales a un menor, el padre Román, ha quedado absuelto y donde además se acusa al denunciante de mentir ante el tribunal.
Los hechos se remontan a los años en que el demandante era monaguillo a las órdenes del citado sacerdote, entre 2004 y 2007.
La sentencia remarca la acusación al denunciante de mentir o, por lo menos, de “mantener una conducta desleal” y de llevar a cabo un relato “inverosímil” de sus acusaciones. Además, se destacan circunstancias que han sido “desmontadas debido a las pruebas materiales existentes”.
La magistrada ponente de la Sección Segunda de la Audiencia, Aurora Fernández, señala también que el denunciante, identificado con el nombre de Daniel, ocultó y negó ciertos hechos que después también se han podido probar, como su aparición en algunas fotografías.
El fiscal ya retiró la acusación
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Por su parte, el fiscal encargado del caso, Francisco Hernández, ya retiró su acusación de nueve años de prisión y una indemnización de 50 euros para la víctima, por no ver “concluyentes” las pruebas y testimonios que se habían recogido durante las semanas que duró el juicio. En declaraciones a los medios de comunicación que durante estos días se han apostado en las puertas de la Audiencia, comentaba que “no se puede condenar a una persona si no hay pruebas ni con móviles distintos en las versiones que han dado los distintos testigos”.
Recordamos también que el denunciante envió una carta al Papa Francisco, en la que le relataba los hechos y éste le telefoneó para pedirle disculpas.
Debido al fallo en su contra, Daniel deberá pagar las costas del juicio, aunque aún cabe la posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo en los próximos cinco días. El denunciante aún no se ha pronunciado al respecto de su decisión.
A falta de dicha confirmación, cabe destacar el hecho de que una vez cerrado del todo el caso por su vertiente civil, se abrirá como ya se anunció, una causa canónica, en la que se investigará tanto al padre Román como a otros nueve sacerdotes, todos pertenecientes a la misma diócesis. Este hecho se debe a que el informe que llevó a cabo la iglesia, sí vio plausible que se hubieran llevado a cabo los abusos sexuales sobre los que se acusaba a los sacerdotes.