Casado propone cambiar el Código Penal contra el terrorismo

“No se puede tolerar la cesión de la competencia de las cárceles al País Vasco”
Iñigo Mas Greño
España
27.11.2018
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El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido hoy al Gobierno socialista de Sánchez que permanecerá “vigilante” ante su intención de ceder las competencias penitenciarias al País Vasco, como pretende hacer el Ejecutivo socialista. Casado ha destacado que “el Gobierno ya ha reconocido estar negociando la transferencia de la competencia de las cárceles al País Vasco, algo que desde el PP no vamos a tolerar, porque nos parece una gran irresponsabilidad”.

Según Casado, si esto se produce, “los presos etarras también podrían ser tratados de forma diferencial, cuando lo que deben hacer es cumplir con sus penas, pedir perdón a las víctimas y ayudar a esclarecer los más de trescientos asesinatos que siguen impunes de la banda criminal”.

En declaraciones de Pablo Casado en Adra (Almería), donde también ha alertado de “esto es el fin de la dispersión de la política penitenciaria antiterrorista y el acercamiento al País Vasco, para ceder la transferencia de las cárceles y encontrarnos con lo que hemos visto con los presos independentistas con los presos etarras. Esto está pasando para ceder algo a Bildu en favor de un Gobierno zombi que no tiene oportunidad de seguir un mes más en la Moncloa”.

CAMBIOS EN LA LEY GENERAL PENITENCIARIA

Por esta razón, el líder popular ha anunciado una propuesta para modificar la Ley General Penitenciaria en su artículo 72,6 para que el acceso del primer al segundo grado, o del segundo al tercer grado penitenciario exija no solo renegar de la violencia de una banda terrorista que ya ha desaparecido, sino la colaboración efectiva para esclarecer los crímenes que quedan impunes.

Además, también ha anunciado la propuesta de la modificación del artículo 578 del Código Penal para que el delito de enaltecimiento de actos terroristas también afecte a la convocatoria de estos mismos actos, “para evitar que los indeseables que reciben como gudaris a quienes salen de las cárceles sigan humillando a las víctimas”. Según Casado, “también la convocatoria de estos actos ha de estar penada, porque una democracia consolidada debe honrar a sus víctimas y censurar a sus verdugos. Aquí en España no se debe enaltecer el terrorismo”, ha sentenciado.

De esta forma, ha trasladado estos avisos “al señor Sánchez, que permite que Otegui se reúna con Zapatero; y que Matute y los diputados de Bildu nos den lecciones de Derechos Humanos en el Congreso de los Diputados”, por lo que cree que “esto no puede suceder”.

Casado, que participa hoy en varios actos electorales en la provincia de Almería, ha criticado la situación penitenciaria que se está dando en prisiones como Lladoners, en Cataluña, donde la Generalitat tiene transferida la competencia en esa materia, “lo que permite que se haya creado un sistema penitenciario paralelo en España, con cárceles de primera y segunda en relación con presos de primera o de segunda”.

En concreto –ha continuado Casado- en esta prisión, “los presos golpistas tienen un régimen distinto de llamadas, visitas, salidas a patios y locutorios, etc. algo que solo pasa en los narcoestados, en los que los presos privilegiados reciben favores ante los presos comunes, o en las dictaduras, donde los disidentes tienen menos derechos que el resto de presos”.    

Por todo ello, ha anunciado que “nosotros, cuando gobernemos, vamos a recuperar las competencias en administraciones penitenciarias de Cataluña al Estado”, porque “en los Estados de derecho, en las democracias consolidadas europeas, no hay presos de primera o de segunda y las competencias penitenciarias han de ser de ámbito estatal”. 

BORRELL, DESLEGITIMADO COMO MINISTRO

Por otra parte, el presidente del PP, ha indicado que le parece “gravísimo” que el ministro Borrell haya sido sancionado con una infracción muy grave por la CNMV por el uso de una información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa antes de su quiebra.

Casado ha recordado cómo “ya tuvo que dimitir en 2003 como secretario general del PSOE, “y ahora, como ministro del Reino de España, es sancionado con la máxima infracción, por lo que queda deslegitimado para seguir en el Gobierno de España”. 

En este sentido, Casado le ha instado a “acudir inmediatamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones”, como ya deberían haber hecho los ministros Celaá, Duque, Calviño. De ahí que le ha preguntado a Sánchez que: “¿A qué espera para cesar a sus ministros? ¿Es que lo que han hecho es menos grave de lo que hicieron Maxim Huerta o la señora Montón?”, recordando que en la oposición planteó una serie de exigencias que ahora no cumple.

GOBIERNO DE SÁNCHEZ, HAZMERREÍR CON GIBRALTAR

Por otra parte, hablando también del ministro Borrell como responsable de Exteriores, Casado ha destacado cómo hoy hemos conocido la carta oficial del embajador del Reino Unido a través del diario ABC, reconociendo que “el Gobierno de España ha hecho el ridículo en la negociación con Gibraltar”. 

El dirigente popular ha mencionado que “vendían como triple garantía la carta del embajador del Reino Unido en Bruselas, la carta de Juncker y Tusk y un comunicado de prensa sin relevancia jurídica sobre este contencioso”. Todo esto, según Casado, ha supuesto una “garantía nula” que ha convertido al Gobierno de Sánchez en el “hazmerreír de Europa”.

En este apartado, se ha referido a que “ya se han reído la presidenta de Lituania y la primera ministra británica y el Gobierno de España no ha conseguido nada de lo que pretendía”. También  ha recordado que “Picardo, ministro principal, también se ha reído de Sánchez, diciendo que Gibraltar ha conseguido todo lo que pretendía y el Gobierno de España nada”.

Por todas estas razones, según Casado, “ahora sabemos por cauces oficiales que Pedro Sánchez vendió un éxito que era un fracaso histórico”, por lo que “hemos pedido explicaciones, que comparezca en el Congreso para explicar por qué no ha defendido los intereses de Cádiz, Campo de Gibraltar, Andalucía y España y por qué no aprovechó una negociación ya encarrilada que iba a permitir la cosoberanía de España en el Peñón, un plan especial fiscal y mejorar los salarios”. Por ello, ha lamentado que “lo ha vendido como un gran triunfo y ha sido una humillación histórica”. 

  

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