La Abogacía del Estado no acusará a los presos independentistas del procés de rebelión; para este órgano de la Administración General del Estado pesan más los delitos de malversación y sedición. La Fiscalía, sin embargo, difiere de la decisión del Ministerio de Justicia y sí que les acusará en el juicio del procés de dicho delito. Piden para el presidente de ERC, Oriol Junqueras, 25 años de prisión, frente a los 17 para Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Carme Forcadell.
La diferencia entre estos delitos es significativa. El delito de rebelión está penado con hasta 30 años de cárcel. Para que se condene a un individuo con este delito tiene que haber empleado la violencia. Solo se ha aplicado a los autores del intento de golpe de Estado de 1981. El general Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch tuvieron que cumplir la mayor parte de la pena en prisión. El delito de sedición tiene una condena mucho menor: entre 10 y 15 años de cárcel.
Independientemente de la decisión de la Abogacía del Estado, el Gobierno vuelve a estar entre la espada y la pared. Para los partidos independentistas es una medida insuficiente -Quim Torra y otros líderes llevan presionando varias semanas para que se absuelva a los acusados-, y para la oposición es demasiado. Pedro Sánchez necesita del apoyo de las formaciones independentistas del Congreso -ERC y PDeCAT- para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero sigue estando en minoría en el hemicilo para impulsar sus medidas.
