El órgano de gobierno de los jueces, al que Llarena dirigió su solicitud de amparo el pasado 30 de julio, califica así la demanda presentada contra el Magistrado ante los tribunales belgas por el exPresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y los exConsellers del Govern catalán Meritxel Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y LLuis Puig.
En la demanda, los procesados afirman que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone "una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política" y añaden que acusarles de ser rebeldes según el Código Penal español ofende claramente "su honor, su integridad política y moral y el fundamento mismo de su acción política", concluyendo que el Magistrado debe reparar íntegramente el daño causado en Bélgica.
Por su parte, en su escrito Llarena señala el carácter "groseramente fraudulento" de la demanda, que en su opinión sólo pretende "sustraer de su sede natural la revisión de los actos de la justicia española" defraudando los instrumentos del ordenamiento jurídico español para asegurar la independencia de la función jurisdiccional: el aforamiento de los jueces y magistrados del Tribunal Supremo y la prohibición de que puedan dirigirse demandas directas contra ellos por actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de su función.
Según la Comisión Permanente, que ha aprobado la solicitud de Llarena, "una simple y somera lectura de la demanda formulada y de la citación ponen de manifiesto que los procesados, demandantes en Bélgica, han urdido una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del Magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, intentando, sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero". "En este estado de la cuestión, se nos antoja difícil considerar que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español".
Una vez otorgado el amparo solicitado, la Comisión Permanente señala que se adoptarán "todas las medidas necesarias para asegurar las condiciones propias de dicho marco de independencia y seguridad, incluidas las medidas relativas a la integridad económica".
Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pone su acuerdo en conocimiento de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores "para que adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".
