lunes, 8 de agosto de 2022

Los notarios en pie de guerra

Recurren la orden que obliga a identificar a los titulares de las sociedades mercantiles por el “gravísimo impacto” que la medida puede tener sobre el derecho a la intimidad


Los notarios en pie de guerra
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El Consejo General del Notariado y la patronal Cepyme han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra los nuevos modelos de presentación de cuentas anuales de las empresas en el Registro Mercantil. Los formularios correspondientes al depósito del ejercicio 2017, que fueron aprobados por el Ministerio de Justicia el pasado 27 de marzo, incluyen un novedoso apartado que ha levantado ampollas: la obligación de identificar a los titulares reales de las sociedades, es decir, a las personas físicas que son accionistas o partícipes de las mismas.

Cepyme y los notarios denuncian el “gravísimo impacto” que la orden puede tener sobre el “derecho a la intimidad de los cientos de miles de españoles” que son titulares de alguna participación o acción societaria, y los “riesgos gratuitos a los que se les somete”. Por ello, han solicitado su inmediata suspensión como medida cautelar.

Una vez depositadas en el Registro Mercantil, las cuentas anuales de las sociedades pasan a ser públicas, cualquiera puede obtener una copia de las mismas

En España hay cerca de 1.300.000 pymes, que tienen de plazo hasta el 30 de junio para celebrar su Junta General Ordinaria. A partir de esa fecha, disponen de un mes para presentar las cuentas anuales de 2017 en el Registro Mercantil. Aquellas sociedades que, a día de hoy, ya han pasado por este trámite, no han tenido más remedio que identificar a sus titulares reales.

Hay que recordar que, una vez depositadas en el Registro Mercantil, las cuentas anuales de las sociedades pasan a ser públicas, es decir, cualquiera puede obtener una copia de las mismas previo pago de la tarifa correspondiente. Los propietarios serán “plenamente accesibles a cualquier persona o, por qué no, delincuente”, sostienen los denunciantes.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que sean los notarios quienes critiquen esta medida. En la mayor parte de los casos de delitos fiscales y blanqueos de capitales que salen a la luz, aparecen complejos entramados empresariales que dificultan la labor de la justicia. Para hacer frente a estas actividades ilícitas, las administraciones cuentan cada vez con un mayor número de herramientas. El propio Consejo General del Notariado utiliza desde 2012 una base de datos de titular real, mediante la cual es capaz de identificar a personas que se cobijan bajo el manto de testaferros y sociedades fantasmas.

Gracias a este mecanismo, se han logrado identificar a los titulares reales manifestados, aquellos que comunican al notario ser los propietarios de la empresa, de más de dos millones de sociedades. Además, en un 80% de las ocasiones se ha averiguado el nombre del titular real acreditado, que es quien verdaderamente ostenta el control de las decisiones. Cuando estas dos figuras no coinciden, aumenta la probabilidad de encontrarse ante un presunto caso de blanqueo de capitales.

Desde 2005, los notarios han destapado más de cinco mil operaciones relacionadas con este tipo de delitos. Con estos antecedentes, no deja de ser contradictorio que aquellos que, en el ejercicio de su profesión, luchan contra la corrupción y los delitos de índole económica, se llevan ahora las manos a la cabeza porque se exija la máxima transparencia en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles. Quien no tiene nada que ocultar, nada debería temer.

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