No dar el brazo a torcer y fomentar políticas restrictivas en cuanto a las renovables tiene su coste. No sólo de forma directa, por el retraso que supone para los clientes. También de forma indirecta con algunos costos poco previsbles cuyo origen tiene que ver con la irritabilidad del capital financiero. Es así porque varios fondos de inversores diferentes han iniciado un largo periplo judicial contra España de la que esperan obtener cuantiosas multas y sanciones. Poner trabas y fomentar recortes para retrasar la implantación de las energías limpias tiene precio para el capital, que ha encontrado en el Tratado de la Carta de la Energía una vía para resarcirse de las expectativas económicas cuantificadas y no satisfechas. El último en señalar la política de recortes a las renovables por el gobierno español ha sido Triodos Bank, un banco que se anuncia como la entidad financiera más ética de Europa por su política empresarial. A través de un fondo de inversión, que se ha registrado con el nombre de Triodos SICAV II, el banco recauda el impulso inversor de sus clientes, que apuestan por la energía verde, para inyectar dinero o emprender negocios relacionados con la implantación de las renovables. Mientras muchos países del primer vagón de Europa como Francia, Holanda, Alemania, Finlandia, Dinamarca están implementando medidas verdes, España no ha tenido el mismo impulso. Inlcuso algunas medidas aprobadas han sufrido recortes. Estas decisiones han causado pérdidas en el sector eléctrico renovable, en donde los bonistas de los fondos impulsores de energías renovables han sido perjudicados.
El banco holandés ha puesto en marcha una demanda contra el Reino de España para defender a sus inversores. El primer paso ha sido acudir a un arbitraje internacional que tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Estocolmo, a través de la cual ha solicitado el amparo del Tratado de la Carta de la Energía, que fue firmado en 1991. Dicho documento es una declaración política que contiene principios internacionales sobre energía en los que se incluye el propósito de tomar medidas para el comercio, el tránsito, la inversión y la intención de negociar un tratado con carácter vinculante. En el Tratado se reconocen medidas para la resolución de conflictos, en la que figura el arbitraje de diferencias estado-inversor, conocido por sus siglas en inglés ISDS de Investor State Dispute Settlement. El arbitraje es un instrumento de derecho público internacional que permite a un inversor extranjero el derecho a iniciar un procedimiento de arbitraje por mantener diferencias contra un gobierno extranjero. Es decir, el ISDS ampara a un inversor extranjero de un tercer país que invierte en otro país. Si entre ambos países existe un acuerdo ISDS, y el estado recpetor de la inversión viola los derechos reconocidos a los inversores estos pueden someter sus discrepancias al tribunal de arbitral internacional.
Triodos Bank ha seguido los pasos legales para solicitar amparo y el arbitraje ha admitido la demanda. La máquina que estudiará si España está actuando o no de forma negligente ya ha echado a andar. En concreto, en el caso de los inversores de Triododos Bank, el arbitraje estudiará las "pérdidas financieras sufridas por el fondo para sus cinco plantas solares fotovoltaicas en España como resultado de cambios retroactivos en el régimen regulador". Según se recoge en la demanda los ajustes realizados por el gobierno de Rajoy, que recortó las medidas impulsadas anteriormente por Zapatero, supone la "violación" del Tratado, un documento en el que España figura como uno de los partícipes al ser uno de los firmantes.
España ahora tiene que defenderse. Lo hace mediante un mecanismo que conoce bien: la apertura de un concurso público para solicitar los servicios jurídicos de un bufete de abogados especializados en la materia. La de Triodos Bank es la demanda número 41 contra España por los recortes en renovables. De esta última demanda, hace unos días, el IDAE, el instituto español para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio de Energía, ha abierto el concurso para el que estima que la defensa jurídica le supondrá un coste de 2.250 euros. El plazo no se cierra hasta el 18 de junio.
En el pliego de condiciones, el Estado requerirá al bufete jurídico ganador un "análisis económico-financiero del Mercado Eléctrico Español, con una breve descripción de la evolución de la política de Incentivos al Sector de las energías renovables, incluyendo un análisis comparativo de la evolución regulatoria en otros países". Además, tendrá que prestar asesoramiento especializado y elaborará diferentes documentos periciales que manejará la defensa jurídica.
El IDAE ha licitado 40 concursos para las 40 demandas internacionales para poder defenderse en los tribunales. En los anteriores concursos el gobierno sólo había previsto 300 euros por cada informe. Sin embargo, en este último de Triodos Bank la cifra se ha disparado. De todas las demandas presentadas, sólo se han resuelto cuatro. El gobierno ha ganado en dos de ellas, relacionadas con el primer recorte aplicado en 2010. En las dos que ha perdido, ya estaba en vigor la reforma de Rajoy que aprobó en 2013, en el que se contemplaban importantes recortes a las renovables.
El último caso en ganar a España por los recortes a las renovables ha sido el de Novenergia, con sede en Luxemburgo. Los inversores recuperarán, por sentencia judicial, 52 millones de euros como consecuencia de haber recortado con retroactivdad el pago de las primas por la electricidad generado en sus plantas fotovoltaicas implantadas en Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña. Los tres árbitros que estudiaron el caso coincidieron en la misma idea y firmaron la condena contra España. Latham & Watkins fue el despacho que asesoró a Novernergia a ganar el caso. En este despacho figura como asesor el expresidente del gobierno José María Aznar.
En mayo de 2017, España perdió el primer caso contra Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg lo que supuso otro desembolso millonario. Concretamente, 128 millones de euros. Allen & Overy fue el bufete jurídico que representó a Eiser.
En noviembre de 2017, a una pregunta parlamentaria el ministerio de Justicia estimó que la cuantía de las 36 reclamaciones presentadas hasta ese momento superaba los 7.500 millones de euros. Empresas de Dinamarca, Alemania, Italia, Portugal y Luxemburgo cobrarán del erario público español en cuanto el tribunal de arbitraje resuelva todos los casos. Actualmente, son ya 41 demanandas presentadas, cinco más que a finales del año pasado. Las pérdidas para España pueden ser millonarias si los ejemplos de Eiser y Novernergia sirven para allanar el camino del resto de laudos pendientes.
