Apple sigue sumido en un profundo sueño de terror con las baterías de sus dispotivios móviles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está estudiando si la compañía violó las leyes de consumo y protección de los ciudadanos al configurar los móviles para que la batería tuviese una rapidez cada vez menos y, por lo tanto, los usuarios tuviesen la necesidad de comprar un nuevo dispositivo a un precio mucho más alto. El gobierno americano ya ha pedido cuentas a Apple. Este departamento colaborará, a su vez, con la Comisión de Bolsa y Valores del país.
La empresa americana explicó que con la actualización lanzada a principios de 2017, se alargaba la vida de los dispositivos a cambio de que fuese menos rápidos a la hora de procesar la información. Para compensar a los clientes, Apple ofrecía la posibilidad de cambiar la batería por 29 dólares (rebajando casi 50 dólares el precio inicial) y la libre elección de los mismos entre potencia y batería con el iOS 11.3, disponible en la próxima primavera.
La compañía ha sido demandada por diferentes asociaciones del país americano, de Italia y de Francia, donde la obsolescencia programada es un delito.
Apple ya se disculpó por haber actuado de esta forma. La ralentización, producida con el desgaste e la batería, se solucionaría con el cambio por otra batería. De ahí el precio tan accesible de la compañía.
El próximo jueves Apple publicará su listado de cuentas del último trimestre. Se ofrecerá al público entre multitud de críticas, avivadas porque Apple ha preferido centrasen la calidad de la gama de los dispositivos a intentar crear mejoras que pueden gustar a los usuarios.
