jueves, 17 de junio de 2021

Robaba las recetas en el CAP y la farmacéutica expedía tratamientos de fecundación

Un trabajador de la limpieza de un Centro de Asistencia Primaria de Barcelona, una farmacia, dos distribuidores en Sevilla y la clínica de reproducción asistida de Palma, en el ‘ajo’.


Robaba las recetas en el CAP y la farmacéutica expedía tratamientos de fecundación
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La Guardia Civil ha detenido a 5 personas, dos en Barcelona (la responsable de la farmacia y el trabajador del Centro de Asistencia Primaria), dos en Sevilla (presuntos distribuidores de los medicamentos) y una en Palma de Mallorca (responsable de la clínica de reproducción asistida).

Todos ellos formaban parte de una red que presuntamente habría falsificado recetas médicas de jubilados, para obtener loa fármacos que se utilizan en tratamientos de reproducción in vitro. Estos medicamentos los ofrecían a la mitad de su precio real para su venta y distribución por toda España.

Se les imputa la presunta comisión de los delitos de robo con fuerza, falsificación de documentos, revelación de secretos, estafa, contra la salud pública y pertenecía a organización criminal.

Una estafa de 230.000 euros

Los agentes han intervenido 450 recetas falsificadas que ya habían sido utilizadas, con las que se han dispensado 775 envases. Han sido decomisadas otras 200, también falsificadas y sin utilizar, lo que ha evitado la puesta en el mercado ilegal de más medicamentos. La estafa a la Seguridad Social se estima en unos 230.000 euros.

La farmacia, en Barcelona

En abril, responsables de la Subdirección General de Evaluación e Inspecciones Sanitarias y Farmacéuticas, dependientes de la Dirección General de Ordenación Profesional y Regulación Sanitaria del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, denunciaron ante la Guardia Civil que en una farmacia de la zona metropolitana de Barcelona se estaba dispensando una gran cantidad de medicación relacionada con tratamientos para la reproducción asistida, con recetas de jubilados, por lo tanto, plenamente subvencionadas.

Sevilla - Mallorca

Las primeras indagaciones, indicaban que estos medicamentos eran remitidos a una localidad de la periferia de Sevilla, desde donde eran vendidos a cualquier punto de España, aunque muchos de ellos eran remitidos a una clínica de reproducción asistida de Palma de Mallorca.

El responsable de la clínica, además de comprar medicamentos a un precio muy inferior al real, también facilitaba el contacto entre sus clientes y el ‘proveedor’ de Sevilla.

La oferta de los medicamentos se realizaba en una web, a precios mucho más bajos que el valor real del producto.

Robo de recetas

Las recetas médicas destinadas a personas jubiladas que se usaban para obtener los fármacos, eran robadas en un Centro de Asistencia Primaria (CAP) de la provincia de Barcelona, por un trabajador de la limpieza, que se hacía con otros elementos como pegatinas de pacientes, pegatinas de validación del producto por el inspector médico y sellos de doctores.

Tras falsificar las recetas, se presentaban en una única farmacia de Barcelona donde eran dispensados los medicamentos que enviaban a una población de la provincia de Sevilla, desde donde se producía la venta y distribución.

Muy baratos

Estos productos tienen un coste en el mercado legal que ronda los 300 euros por caja, por lo que un tratamiento puede alcanzar los 2.000 euros. Fruto de la maquinaria orquestada por los detenidos, las personas que adquirían los fármacos por Internet podían reducir en la mitad el precio del tratamiento completo.

200 afectados

A los detenidos también se les ha imputado la presunta comisión de un delito contra la salud pública, dado que para el transporte y conservación de este tipo de medicamentos son imprescindibles unas condiciones especiales (baja temperatura, determinada humedad…). Estos requisitos no eran tenidos en cuenta en el transporte de los medicamentos que, además, deberían haber sido administrados bajo supervisión médica.

Los investigadores trabajan actualmente en tratar de localizar a los compradores (unas 200 personas) para comprobar si algún usuario de estos tratamientos hubiera podido sufrir algún tipo de malestar físico relacionado con la ingesta de estos medicamentos recibidos sin las garantías sanitarias adecuadas.

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