miércoles, 23 de junio de 2021

"Caso De Miguel", Álava sorprendida por la corrupción (2ª parte)

En esta parte se sigue analizando la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, dictada el 17 de diciembre.


"Caso De Miguel", Álava sorprendida por la corrupción (2ª parte)
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5. Contratos con la Diputación Foral de Álava

De Miguel fue nombrado Diputado Foral del Departamento de Administración Local y Equilibrio Territorial el 8 de agosto de 2007, en virtud de Decreto Foral del Diputado General de la misma fecha.

Como forma de contratación, dentro de la Diputación Foral de Álava, existía el Decreto 33 de 12 de marzo de 1996, mediante el cual bastaba una resolución genérica adoptada por el diputado foral, titular del departamento correspondiente, en la que se efectuaba la oportuna retención de crédito, no siendo precisa la adopción de resoluciones individualizadas para cada contrato, para luego, y en cada caso concreto, efectuar la autorización del gasto por el departamento correspondiente, previa factura presentada. Se encargaban de ello los directores de departamento, que en este caso, eran Martínez de Lahidalga y Nafarrate, ambos nombrados en sus puestos por designación política y pertenecientes  al mismo partido político que De Miguel, no teniendo en la práctica relación el diputado de departamento con los contratos efectuados.

"Errexal" y "Ortzi Muga" empezaron a figurar en escasos contratos del departamento. 

"Errexal" suscribió cinco contratos por los que percibió los siguientes importes con cargo a la Diputación Foral de Álava: 11.774€; 11.890€; 10.596'60€; 7.795'20€ y 16.796€.

"Ortzi Muga" suscribió dos contratos por los que percibió los siguientes importes: 5.684€ y 5.626€.

No consta que se siguiera el procedimiento conforme al Decreto 33.

6. Beneficio económico favorecido por Prudencio Hierro (Gorliz)

Desde 2001 De Miguel era gerente de alta dirección en la mercantil "Aiara Araneko Industrialdea S.A." y desde 2004 en la "Orduñako Industrialdea S.A.", ambas sociedades participadas mayoritariamente con capital público.

Debido a su profesión mantenía relación con las restantes "Industrialdeas", así como con la "Sociedad de Promoción y Gestión de Suelo Industrial" (SPRILUR S.A.), sociedad adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, gobernado durante todo el periodo por personas que pertenecían al Partido Nacionalista Vasco.

De Miguel conoció a Prudencio Hierro con ocasión de la realización de unas obras en la sede de la "Industrialdea" de Llodio.

En el tercer trimestre de 2007, el matrimonio De Miguel-Bilbao decidió renovar la vivienda de la localidad de Gorliz y solicitaron a Echaburu que se hiciera cargo de las obras, algo que rechazó. Sin embargo, Echaburu les recomendó a Aparicio Vivanco, socio de la empresa "Emociona Soluciones Creativas S.L.", acordando De Miguel con Echaburu que las obras se facturarían a través de una de las empresas de éste último.

Las obras comenzaron en 2008. En esas fechas, la empresa de Echaburu entró en concurso necesario de acreedores, lo que imposibilitó que se realizara la facturación conforme a lo que tenían acordado. De Miguel se encontró con Prudencio Hierro quien se ofreció a abonar las obras realizadas facturándolas a través de una de las empresas en las que participaba. Posteriormente, De Miguel le abonaría en metálico el importe base sin aplicar el IVA.

Según fueron avanzando las obras, se hicieron cuatro pagos. Prudencio Hierro hizo frente al pago de un total de 44.544€, de los que 6.144€ correspondían al IVA.

De Miguel devolvió a Prudencio Hierro un total de 38.400€, lo que supuso para el matrimonio un ahorro de 6.144€, por no hacer frente al IVA de la factura.

7. Pago de comisión por obras en Lapuebla de Labarca y en obras en Zigoitia

Echaburu era titular de "Grupo Loizate" formado por "Promociones Loizatelur S.L.", "Obras y Servicios Loizate S.L.", "Carpintería y madera Loizate S.L."  y "Construcciones Loizate S.A." y era administrador de las mismas.

En agosto de 2005, el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) publicó un anuncio para la licitación de un contrato para la ejecución de obras de rehabilitación de las piscinas municipales de Lapuebla de Labarca. Por acuerdo del Pleno municipal le fue adjudicada la obra a "Construcciones Loizate", por la cantidad de 251.985'61€.

Por otra parte, en octubre de 2005, la Junta de Gobierno Local de Zigoitia aprobó un pliego de condiciones para la licitación de un contrato de obra de la Casa Consistorial de Zigoitia y otro pliego de condiciones para la licitación de un contrato relativo a la urbanización de vial de Gopegi, por un presupuesto base de 1.147.705'03€ y de 189.619'79€, respectivamente.

En diciembre, la Junta de Gobierno Local de Zigoitia adjudicó el contrato relativo a las obras del Ayuntamiento a la empresa "Lagunketa Empresa Constructora S.A." por el importe de 1.031.784'20€ y el contrato para la urbanización vial en Gopegi a "Construcciones Loizate S.A." por el importe de 174.764'78€ (IVA incluido).

Echaburu pagó una comisión del 4% del presupuesto de cada una de las dos obras que le fueron adjudicadas  a través de su empresa "Kataia", si bien indirectamente, pues actuó como intermediaria en el cobro de ambas comisiones la empresa "Errexal". De este modo, Echaburu abonó a "Kataia" el 4% de 251.985'61€ y el 4% de 174.764'78€.

8. Zambrana

Entre 2003 y 2004 diversas empresas, de las que no se conoce su identidad, se interesaron por la disponibilidad de suelo industrial en Zambrana (Álava).

Angulo Ocio, alcaldesa de la localidad, en el transcurso del Pleno del Ayuntamiento, dio cuenta a los asistentes y a los concejales de las gestiones que se iban realizando para la creación de un nuevo polígono industrial. Manifestó que se había solicitado un informe sobre la situación más idónea del polígono a la arquitecta municipal, Odriozola Benito. En sus conclusiones, indicaba la zona más adecuada para recalificar terrenos y hacerlos industriales; hacía especial mención a los accesos varios, AP-68 y N-124 y sostenibilidad medioambiental.

Angulo Ocio se puso en contacto con De Miguel para buscar su apoyo al proyecto de recalificación de terrenos. De Miguel, con la finalidad de favorecer un eventual beneficio económico propio y de Jesús Arruti Letemendia, contactó con Artaza Artabe, director de SPRILUR, manifestándole que el proyecto podía ser interesante. Pero SPRILUR en una reunión mostró su desinterés hacia el proyecto. 

Con conocimiento de su ilegalidad y para favorecer el curso del proyecto, Angulo Ocio firmó el Decreto de Alcaldía nº 43/04, adjudicando las obras a "Sidepur", empresa propiedad de Arruti Letemendia. Contrariamente a lo establecido en la legislación, la adjudicación no establecía plazo de ejecución ni indicación de contraprestación económica alguna.

En junio de 2005, De Miguel, Ochandiano y Tellería crearon "Kataia". La participación directa de "Kataia" en el proyecto y el abono de aproximadamente 160.000€ en concepto de comisión sería canalizada a través de "Sidepur" y se percibirían por "Kataia", para favorecer a De Miguel, Tellería y Ochandiano. "Sidepur" percibiría la misma cantidad. 

Francesc Fernández Joval, actuando en representación de "Construcciones Riera" firmó con Arruti Letemendia un contrato de intermediación en la adquisición de fincas para el polígono industrial de Zambrana, contrato que se firmó con anterioridad a que el Ayuntamiento resolviese los contratos con "Sidepur" y "Capiriesgo". En octubre de 2005, el administrador de "Sidepur" rompe relaciones con el Ayuntamiento, porque sin  ello no sería viable la introducción de "Construcciones Riera" en el proyecto. 

En el acuerdo anteriormente mencionado, Arruti Letemendia cobraría un total de 3.150.000€, desglosados así: a la firma del contrato, 280.000€; en febrero de 2006, 720.000€; al año de la firma del contrato, 1.000.000€ y a los 18 meses de la firma, 1.000.000€. "Construcciones Riera", adelantando parte de las comisiones pactadas, entregó a la firma del contrato, 430.000€. Al día siguiente de la firma del contrato entre Fernández Joval y Arruti Letemendia, éste último, a través de "Sidepur" abonó a De Miguel 130.150€ en la cuenta corriente de "Kataia". A través de este pago se encubría el abono de las comisiones en metálico. "Kataia", como contraprestación, a los meros efectos de justificar el pago, realizó para "Sidepur" el informe relativo al Impacto Ambiental, aunque nunca se llegó a tramitar.

Posteriormente se realizaron dos pagos más por parte de "Sidepur" a "Kataia": en junio de 2006, 20.000€ y en octubre de 2006, se realiza una transferencia a "Kataia" desde la cuenta corriente de Arruti Letemendia por importe de 11.600€. "Kataia" recibió un pago total de 161.600€.

En el acuerdo entre De Miguel, Arruti Letemendia, Fernández Joval y Casas Baqués se incluía también otras líneas de negocio. Fue uno de los motivos por los que comenzó la prestación de servicios de Tellería para "Riera Urbanizer". En febrero de 2006, Fernández Joval y Arruti Letemendia firmaron una cesión de derechos de las partes que habían suscrito el contrato, quedando finalmente obligadas "Riera Urbanizer" y "Sidepur".

En septiembre de 2009 se gira una factura por "Sidepur" por importe de 580.000€, ésta es la última parte del pago. Estos 580.000€ facturados (IVA incluido) no fueron declarados por "Sidepur" en el Impuesto de Sociedades, en el que habría tributado al 28%, de no haber sido una comisión ilegal.

Tras la aprobación provisional del informe se giró por "Sidepur" a "Riera Urbanizer" la factura por importe de 458.200€. Esta factura se dio por abonada mediante la firma de un contrato de cesión de crédito entre "Sidepur" y "Riera Urbanizer", en virtud del cual, la segunda cedía a la primera un crédito por importe de 213.200€ y un crédito por importe de 245.000€. Se trataba de créditos de dudoso cobro que no llegaron a hacerse efectivos.

En julio de 2006, "Sidepur" contrató los servicios de la consultora "ARK Gasteiz", que junto a "Stoa" y "Geotech" comenzaron a preparar la propuesta de modificación de normas subsidiarias y el informe de Impacto Ambiental para la recalificación de 150 hectáreas. En agosto de 2007, Artaza Artabe, subdirector de "Sprilur", remitió una documentación al Ayuntamiento acompañada de una carta en la que se indicó que remitía al Ayuntamiento dos ejemplares del documento urbanístico de modificación puntual de las normas subsidiarias municipales, para la ampliación de suelo urbano sectorizado y no sectorizado y el correspondiente estudio de Impacto Ambiental para su tramitación y aprobación. Es aquí cuando se inició la tramitación administrativa de la modificación de las normas subsidiarias.

En febrero de 2008, el Pleno del Ayuntamiento aprobó provisionalmente la 9ª modificación de las normas subsidiarias de planeamiento rederente a la creación del ámbito de suelo industrial SAUI-2. En octubre de 2008, tras la elaboración por los técnicos de "ARK Gasteiz" de las contestaciones a las alegaciones presentadas en el periodo de información pública, se resolvió por el Pleno denegar todas ellas, así como aprobar provisionalmente el expediente de modificación de las normas subsidiarias.

En enero de 2009, el Ayuntamiento pidió a la Diputación Foral de Álava que emitiera un informe definitivo de Impacto Ambiental. El informe definitivo desfavorable no se emitió hasta julio de 2009. Este informe tiene carácter preceptivo pero no vinculante. 

En marzo de 2009, se convocó sesión de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV), figurando en el orden del día el expediente sobre la modificación de las normas subsidiarias. El informe era desfavorable a la modificación. 

En septiembre de 2009, se celebró la séptima sesión de la Comisión de Urbanismo de Álava (CUA), donde se aprobó el expediente de modificación en 21 hectáreas.

En noviembre de 2009, "Riera Urbanizer" presentó una serie de recursos donde el resultado era desestimado. 

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