La esclavitud laboral de los lituanos en Valencia: 39 euros por 12 horas de trabajo

La Guardia Civil desmantela una organización de explotación laboral, con la detención de 6 individuos y a la liberación de 12 víctimas, que vivían hacinadas en cuartuchos.
Edurne García Ordóñez
España
28.03.2018
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Los 6 detenidos (4 hombres y 2 mujeres), de entre 29 y 60 años, captaban a las víctimas en su país, Lituania, con falsas expectativas de trabajo. Una vez en Valencia, eran hacinados en pisos y les obligaban a realizar trabajos en el campo, sin percibir sueldo.

El engaño

Les decían que podrían ejercer un trabajo bien remunerado, con la posibilidad de residir en una vivienda digna, cobrando de 1.200 a 1.600 euros, cuando verdaderamente solo cobraban 39 euros al mes.

La deuda

A las víctimas las trasladaban a España en furgonetas o en autobuses; una vez en nuestro país, el jefe de la organización les decía que tenían una deuda por el traslado a España y por la residencia, cuando les obligaban a vivir en condiciones de insalubridad, con conexiones eléctricas ilegales, en habitaciones o buhardillas y sin agua caliente.

Sin salario

Del dinero que ingresaban se les descontaba la deuda, por lo que algún trabajador llegó a recibir 39 euros, por mes de trabajo.

Los agentes detectaron, en junio, la presencia de esta pequeña comunidad lituana, realizando tareas en los campos de cultivo de cítricos, en Valencia.

Tareas domésticas

Además de la recolección, con horarios de sol a sol, los cabecillas utilizaban a los trabajadores para beneficio propio, y los trasladaban a otras localidades para limpiar y cuidar de sus hijos.

Y marihuana

Como método de financiación el líder de la organización se lucraba con la venta de droga, pudiendo intervenir unas 140 plantas de marihuana, así como el equipamiento necesario para realizar la plantación.

Sin documentos

En la operación se han realizado 5 registros domiciliarios, en las localidades de Sueca, Mareny de Barraquetas, Naquera y Olocau, donde se ha liberado a 12 personas; se han incautado 10.450 euros, contratos de alquiler y líneas de teléfono e Internet a nombre de las víctimas. Los documentos personales y económicos de las víctimas estaban bajo custodia de la red.

Ha intervenido la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia, y ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Sueca (Valencia).

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