Agentes de la Policía Nacional han desarrollado en la Comunidad de Valencia una operación contra el fraude a la Seguridad Social, al SEPE y a la Seguridad Social (INSS). Han sido detenidas 56 personas, e investigadas otras 52, en una operación donde se han descubierto 25 empresas ficticias que habrían defraudado 2.143.239,93 euros, con relaciones laborales de trabajadores.
Sistema RED
Entre los implicados se encuentran varios empresarios, dos autorizados por el Sistema RED de la Seguridad Social y los presuntos trabajadores que obtuvieron prestaciones o subsidios, de la Administración. Varios ciudadanos extranjeros regularizaron su situación en España, gracias al fraude.
1.211 trabajadores investigados
De los 1.211 trabajadores investigados, 81 habían percibido casi 500 de euros, en prestaciones, e investigados 25 empresarios y dos gestores administrativos. En estas pesquisas, comenzaron al ser detectadas empresas sospechosas de defraudar a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma Valenciana.
Tras estudiar la documentación se pudo constatar la existencia de personas dedicadas a la simulación de relaciones laborales, y los presuntos trabajadores que se habrían beneficiado.
Las empresas inspeccionadas habrían generado una deuda a la Seguridad Social de 1.658.541,77 euros, por el impago de los seguros sociales, por el alta de los presuntos trabajadores. De los investigados no detenidos hay dos empresarios que se encuentran internos en la prisión de Valencia y otro que reside en Francia.
Ucranianos, búlgaros y rusos
Entre las empresas investigadas hay varias formadas por personal ucraniano, búlgaro y ruso, que las creaban para darse de alta en la Seguridad Social, unos como trabajadores y otros como empresarios. A pesar de pagar las cuotas por lo seguros sociales, las cantidades percibidas por las prestaciones, eran muy superiores al gasto originado, pues solicitaban prestaciones por desempleo, subsidios, maternidad, paternidad, incapacidad temporal, pensiones de jubilación…
Pensionistas no localizados
Respecto a la pensión de jubilación, había personas que, con los acuerdos bilaterales internacionales, pasaban a ser titulares de una pensión de 391,35 euros, con revalorización anual, cuando en realidad les hubiese correspondido 21,78 euros. Este aumento se debió a que aportaron el informe de vida laboral de su país y justificaron un año de alta, como trabajadores en una empresa radicada en España, que han sido declaradas ficticias; y regresaban a su país, por lo que no han podido localizarse en España.
