Son dos operaciones distintas de equipos de Policía Nacional desarrolladas en los últimos días. Una, en el madrileño barrio de San Blas, donde han descubierto a 20 personas hacinadas dentro de un bar, desde hace semanas cerrado, que pagaban hasta 400 euros por cobijarse en habitáculos, separados por plásticos y cartones, de metro y medio de largo, por poco más de ancho; en caso de impago les mandaban a los minúsculos aseos o a la cámara frigorífica. Las condiciones (véase el vídeo) son deplorables; ejemplo del inframundo de la sociedad más deteriorada y muestra de lo muy infame que el humano es capaz de ser. Los agentes han engrilletado a la mujer que regentaba el establecimiento y al propietario del local que, parece, estaba al corriente, de ser una patera más, para españoles, latinos, portugueses y asiáticos, entre otros. Dicen que, incluso, la sospechosa de este negocio libre de impuesto, permitía que algunos de ellos se empadronaran en la dirección, lo que pone de manifiesto la falta de inspecciones municipales, el poco rigor que se aplica en validar este trámite y lo menos que nos importa en qué situación se encuentran y qué techo tienen los sin techo. La investigación continúa y, probablemente, este fin de semana caigan más implicados en esta trama de agarrapatados a víctimas fáciles, que si les rascas un poco, hasta es posible que hayan pedido subsidio, subvención o similar, amparados en la pandemia con la que trafican.
Otros que le han visto la pela fácil y la forma de defraudar, y a estos les viene de largo, son los tres sospechosos y sus compinches, que vivían, desde hace meses, de crear hasta 50 falsas empresas, para vender falsos contratos a migrantes irregulares y, al tiempo, darles de baja y cobrar el desempleo. Estos macarras de Murcia tenían el aliento de los investigadores en sus cogotes desde julio (2019). Tenían un local a modo de gestoría tapadera, por donde caían los espaldas mojadas a achantar sus billetes, por un mentiroso empleo con el que poder regular su situación en el país y vivir del erario público, los unos y los otros. Ahora, con el Covid-19 en el aire, lo que suponen que pretendían, era presentar un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), para embolsarse lo asignado por todos los no trabajadores que figuraban en la engañifa de nóminas fantasma, de ese medio centenar de entidades vacías.
Este tipo de listos defraudadores crecen como las setas en otoño; los hay desparramados por doquier, inyectando un daño social y económico irreparable contra todos los ciudadanos de bien, que pagan sus impuestos y obedecen las normas; los que ven cómo se retrasa la ayuda gubernamental, porque las inspecciones, aunque escasas y sumidas en la avalancha de peticiones, ralentizan el proceso de los legales, de los que tienen derecho a que el país les eche una mano en esta situación de alarma nacional, por tener que ocuparse de estos miserables. Hasta que la Ley sea tan rigurosa que disuada permanentemente a los secuaces de cometer sus fechorías, poco remedio tenemos; si se les apartara de todos los beneficios y prestaciones económicas, de por vida, sin derecho a nada, por robocidio, a lo mejor se lo pensaban dos veces; porque éstos, nos roban a todos.
