Agentes de la Policía Nacional han detenido a 15 individuos como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, tráfico ilegal de mano de obra, favorecer la inmigración irregular, prostitución, salud pública, falsedad documental, aborto ilegal y omisión del deber de perseguir delitos.
En noviembre de 2016, se supo que en la Región de Murcia se había instalado un grupo de de nicaragüense, que habían llegado España por la intervención de dos hermanas, de la misma nacionalidad, que se dedicaban a introducir ilegalmente a mujeres de Nicaragua, a cambio de una suma importante de dinero, para trabajar en labores domésticas.
La contraprestación económica para venir a España generaba a las víctimas una deuda muy difícil de saldar, ya que los intereses crecían de forma exponencial con el paso del tiempo, y más aún si eran despedidas de sus empleos en labores domésticas, porque estaban en situación irregular en España.
Del mismo pueblo
La investigación desveló que las dos hermanas captaban a las mujeres cuando viajaban a su Nicaragua, directamente o a través de un familiar. También se averiguó que todas las víctimas pertenecían al mismo pueblo, y que incluso algunas tenían parentesco con sus explotadoras. Además, todas ellas tenían cargas familiares y una precaria situación económica.
Las sospechosas, bajo la promesa de conseguir a sus víctimas un trabajo como empleadas de hogar, las animaban a venir a España prestándoles 3 o 3.500 dólares, de los que una parte se destinaba a la compra del billete de avión y otra para acreditar medios de vida en la frontera. Las hermanas se encargaban de todos los preparativos y gestiones, para que las mujeres captadas se hiciesen pasar por turistas y burlar os controles fronterizos, con el fin de entrara ilegalmente en Europa.
Ceder los bienes
Como compromiso de pago de la deuda, a algunas de las víctimas se les hacía firmar un contrato de compra-venta de determinadas propiedades en Nicaragua, con cesión de las mismas a la madre de las sospechosas, de forma que si las mujeres trasladadas a España no devolvían el dinero, ellas se quedaban con el bien cedido.
Vía Barcelona
Las jóvenes entraban en España, a través del aeropuerto de Barcelona, desde donde eran trasladadas en autobús a Murcia y recibidas por sus captadoras o algún colaborador. Posteriormente, las llevaban a un domicilio de la capital murciana y, tras quitarles el dinero prestado que les quedase, las alojaban temporalmente en la vivienda, en condiciones de hacinamiento e insalubridad extremos, donde dormían en el suelo; hasta que se les encontraba un trabajo doméstico.
Una vez “colocadas” como empleadas de hogar o cuidadoras de personas mayores y bajo un control estricto, recibían un salario precario del que debían entregar una parte para cubrir la deuda y pagar su alojamiento.
Prostitución
Para poder salir de esta situación, algunas de las chicas optaron por prostituirse y pagar la deuda, aunque las hermanas se quedaban con la mitad del dinero de los servicios sexuales.
Los agentes han identificado a todas las personas que colaboran con las dos nicaragüenses, y han apresado a 15 personas: cuatro hombres y 11 mujeres, de entre 28 y 56 años, naturales de Guinea, Marruecos, Bélgica, Nicaragua, Bolivia y España, por su implicación en la captación, traslado, recepción y explotación de mujeres
Se han hecho dos registros en domicilios de Murcia y Cartagena, en los que los agentes se han incautado de dinero, sustancias farmacológicas, dispositivos electrónicos y abundante documentación.
Enterrar los fetos
La investigación ha descubierto la práctica de abortos a las víctimas que se quedaban embarazadas, en el trascurso de las relaciones que mantenían en España. Las cabecillas de la banda criminal, bien a través de terceras personas o falsificando recetas a nombre de las personas mayores que las chicas cuidaban, obtenían unas pastillas cuyo uso clínico sí es lícito con otra posología y dosificación, pero pueden provocar abortos al ser administradas en determinadas condiciones.
Esta práctica se llevaba a cabo en domicilios privados, sin control facultativo y en algunos casos a mujeres en un estado de gestación cercano o superior a los cuatro meses. Luego, enterraban a los fetos.
