Guardia Civil, en colaboración con la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo del Ministerio, ha llevado a cabo la operación Adelita, y ha dado con un grupo dedicado a traer migrantes, desde Honduras al sur español, desde noviembre de 2017, a los que empleaban en trabajos agrícolas y del hogar, a cambio de cobrarles entre 250 y 350 € y no darles de alta en la Seguridad Social, por lo que su permanencia en el ámbito informal les impide regularizar su situación, incurrir en fraude y cobrar sueldos de miseria.
Han sido practicados 2 registros y detenidas 8 personas en Huelva, Madrid y Segovia, a las que se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal organizado, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y estafa. Las cerca de 400 víctimas identificadas y afectadas por esta organización eran, principalmente, de nacionalidad hondureña, colombiana, nicaragüense y venezolana. Este grupo criminal inició su actividad ilícita en noviembre de 2017, según los datos obtenidos por los investigadores, actuando en la mayoría de las provincias de España.
Sangrar a los pobres
Este grupo criminal había creado una red de clientes por toda España, que les encargaban localizar y traerles a los inmigrantes, para someterles como tratantes de esclavos, en puestos de trabajo escasamente remunerados , a condiciones laborales abusivas, dada la precariedad de las víctimas. Las víctimas de este entramado criminal llegaban a España en avión desde París (Francia), a los que cobraban entre 250 y 350 €. Algunas de estas personas que eran colocadas como empleadas de hogar, trabajaban en jornadas de más 14 horas diarias, sin contrato. El grupo criminal había creado una asociación social y cultural en la provincia de Segovia, para blanquear y encubrir sus actividades ilegales.
Asociaciones legales
Los responsables de esta organización se hacían pasar por miembros de organizaciones legalmente establecidas y reconocidas. Fruto de la investigación de Guardia Civil, Inspección de Trabajo ha dado inicio a expedientes sancionadores contra los empresarios empleadores de estos inmigrantes contratados en situación irregular. Estas infracciones pueden llevar asociadas sanciones de entre los 10.001 y 100 €.
La operación Adelita ha sido coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Segovia, y desarrollada por agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y el Grupo de Información de la Comandancia de Segovia, con el apoyo de agentes pertenecientes a diversas comandancias del Cuerpo.
