La Guardia Civil, ha investigado a 6 sujetos, a 4 de ellos por delitos de maltrato animal, a otro por maltrato animal y defraudación de fluido eléctrico, y a una veterinaria por delito de falsedad documental, al hijo de la detención, en enero, de 4 individuos, por cazar ilegalmente con 5 galgos, en una localidad de Ávila. Ante las irregularidades de la lectura de los microchip para identificar los galgos aprehendidos en aquella actuación, se inició la Operación Galg@.
Estas irregularidades consistían en que uno de esos galgos era hembra, hecho que no coincidía con la base de datos del Registro de Identificación de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid (RIAC), donde figuraba como galgo macho. Se solicitó al Colegio de Veterinarios de Madrid (COLVEMA) los datos del veterinario que implantó el microchip, resultando ser una veterinaria madrileña que habría identificado ilegalmente a 43 perros y a 1 hurón durante los últimos 4 años.
Se pudo comprobar que la veterinaria madrileña no cumplimentó fielmente la cartilla sanitaria ni la inscripción en la Base de Datos Oficial, imposibilitando la correcta identificación de los animales, cometiendo supuestamente un delito de falsedad documental. Durante la investigación se tomó manifestación a otra veterinaria de Madrid que trabajó para la Federación Española de Galgos (FEG), al haber encontrado irregularidades en el tatuaje de dos galgos por coincidir ambos tatuajes.
Durante enero y febrero, los agentes del SEPRONA han realizado inspecciones en las provincias de Madrid y Toledo, comprobando las cartillas sanitarias, así como el estado higiénico de unos 180 perros de distintas razas, propiedad de 38 personas diferentes y con domicilios en 11 ciudades, teniendo que sancionar administrativamente a 8 personas por cometer 43 infracciones relacionadas con los animales inspeccionados.
En una de las inspecciones se encontraron 75 perros de razas distintas, donde 5 galgos presentaban estado de desnutrición extrema, teniendo que ser trasladados a una Protectora de Animales madrileña, y a 11 se les puso a disposición judicial hasta descubrir su propiedad, también se hallaban en torno a 100 palomas, cuyo centro de cría no se encontraba registrado en la Federación Madrileña de Colombicultura (FMC), dando cuenta de ello a dicha Federación.
El propietario de la parcela donde se realizó esta inspección estaba cometiendo un delito de defraudación de fluido eléctrico, al tener conectado de manera ilegal el suministro; los técnicos procedieron al corte del fluido. Así, ha finalizado la operación investigando primero a la veterinaria madrileña, a un propietario por maltrato animal y a otros 4 propietarios también por maltrato animal.