Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han detenido a 59 personas durante el desarrollo de la operación Galatea, dirigida contra el fraude, en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Gerona, Huesca, La Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora, y la estafa se ha cuantificado en torno a los 18.705.509 euros.
Las investigaciones comenzaron a principios de 2018, tras recibir varias denuncias; tras el análisis de la documentación, se observó que, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas, se crearon entramados empresariales con empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían los beneficios y el patrimonio.
Los 59 detenidos han resultado ser, principalmente, los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros, algunos de ellos trabajadores en connivencia, así como familiares de los primeros. Avanzadas las investigaciones, se realizaron informes patrimoniales de las personas implicadas para el embargo de los bienes localizados.
Un grupo empresarial de enseñanza
En Madrid se ha desarticulado un grupo empresarial no transparente dedicado a la enseñanza y a la educación, creado para generar confusión entre las sociedades que lo conformaban. Tres de las empresas soportaban el alta de todos los trabajadores, generando las deudas a la Seguridad Social al no abonar las cuotas de los docentes y administrativos. Además, sufría en sus cuentas todos los gastos de mantenimiento de edificios, pagos de proveedores y personal.
Elegían diferentes empresas para recibir los ingresos del grupo, principalmente de las cuotas de los alumnos de un centro educativo Internacional situado en Madrid, que hacía de unión entre todas las mercantiles. El director del centro educativo orquestó presuntamente el fraude a la Seguridad Social administrando todas las empresas investigadas, en las que había una plantilla única y patrimonio social confundido, con trasvase de trabajadores sin conocimiento de éstos ya que sus labores siempre eran similares en el mismo lugar.
Sólo en 2017, dos de las empresas pantalla recibieron un volumen de 6.478.414 de euros, que fueron desviados desde las empresas deudoras, si bien la deuda generada a la Seguridad Social desde 2011 por este grupo asciende a 4.204.739,33 euros. El responsable de estas actividades ya fue investigado por hechos similares ocurridos entre 2009 y 2010. En aquella ocasión se le detuvo por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.
La pala sin motor
En la provincia de León se ha detenido al ideólogo de una sucesión empresarial dedicada a la explotación de canteras, así como a sus testaferros, quienes no habían abonado ninguna cotización de los más de 170 trabajadores que había tenido de alta, desde 2009 hasta hoy, con una deuda por el impago de los seguros sociales de unos 575 euros. Crearon sociedades superpuestas con el objetivo de suceder a la deudora anterior, continuando la misma actividad en el mismo local y, así, operar en el mercado con una empresa limpia de cargas. Los investigadores observaron que el capital social ascendía a casi 1 de euros y su patrimonio neto declarado en 2016 rondaba el 1.200. Sin embargo, sobre el papel carecían de patrimonio de cierto valor.
Se acreditaron indicios de descapitalización, trasvase de trabajadores, unidad de dirección de las empresas, utilización de testaferros, facturación cruzada, y búsqueda por parte de socios y órganos de gestión de falsa apariencia de independencia entre empresas. Además, utilizaban fraudulentamente la falta de pago de las cuotas a la Seguridad Social como una herramienta de gestión empresarial, reduciendo costes frente a competidores, que no podían rivalizar en el precio de la venta de pizarra y piedra ornamental al tener que soportar costes superiores.
Para retrasar el cobro de la deuda, los investigados llegaron a acuerdos de aplazamiento que incumplieron. En uno de estos acuerdos se constituyó como garantía de pago una pala cargadora Caterpillar y, al requerir la Tesorería su cobro, se negaron a entregarla. Posteriormente, fue localizada y precintada, aunque estaba inservible y sin valor porque los propietarios le habían quitado el motor. Dos personas fueron detenidas por estos hechos y una más resultó investigada, por los delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.
