Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo, en las Islas Canarias, la operación Plano, por fraude cercano a 1.600 euros. Las investigaciones comenzaron a principios de año, tras diversas denuncias, y se ha cerrado con la detención e imputación de 18 personas, en las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, por 18 delitos contra la Seguridad Social, frustración en la ejecución y falsedad documental.
El chiringuito
Gracias a ello, se ha descubierto el fraude en gremios tan diferentes como la construcción, la estética, la cinematografía, la restauración, la hostelería y la actividad física. Los investigados, con el fin de eludir el pago y frustrar, realizaron sucesiones empresariales opacas y crearon grupos fraudulentos de empresas, en algunos casos con testaferros, aunque en otros con miembros de la familia o trabajadores que no tenían otra opción, si pretendían mantener el trabajo.
Además, crearon sociedades patrimoniales a nombre de terceros, donde transferían los bienes de las empresas deudoras y de sus administradores, para ocultar el patrimonio y los beneficios a sus acreedores. Por último, se detectaron falsedades documentales de modelos de solicitud de conciliación con los trabajadores.
Falsos autónomos
El caso más notorio se produjo por parte de un matrimonio canario que gestionaba varios centros deportivos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Con su empresa principal, creada en el año 1997, llegó a acumular una deuda con la Seguridad Social que rondó los 300 euros. La pareja, con el fin de no pagar a la Seguridad Social, no paró de realizar diversas tretas con el fin de eludir su responsabilidad, habiéndoles detectado cuatro modus operandi diferentes.
Rotaciones vs antigüedad laboral
Primeramente, crearon empresas para gestionar de manera individualizada sus numerosos centros deportivos, haciendo rotar a los trabajadores entre ellas, para evitar que acumularan antigüedad con una misma sociedad. Con posterioridad, y ya acuciados por los acreedores, obligaron a los monitores deportivos a darse de alta como autónomos, en una contratación fraudulenta. A partir del 2012, retiraron los datafonos, con el fin de impedir a los clientes el pago de sus abonos con tarjeta, y disimular los ingresos.
El testaferro
Tras los intentos de cobro de la Administración, y con el único fin de burlar sus controles, en el 2010, gestaron una empresa en la que pusieron al frente a un testaferro, para tener una caja única entre ésta y la principal deudora. De esta manera, la nueva empresa que carecía de trabajadores, escapaba de estar fiscalizada por la Tesorería, declarando en ella sólo ingresos y dejando los gastos en la cuenta de la sociedad principal, falseando la situación económica real de ambas sociedades.
Cambio de roles
Ante las quejas del testaferro, el matrimonio recabó el control de la empresa a través de una venta privada por cerca de 100 euros, que nuevamente escondió a la Tesorería, pasando el principal investigado de ser administrador de hecho a ser de derecho, y su mujer a ser socia de la empresa.
El gimnasio
En el 2016, arrendaron uno de sus gimnasios sobre el que pesaba un embargo de su maquinaria y de sus diferentes aparatos, encubriendo los ingresos. Este alquiler incluía el centro deportivo con todos sus aparatos, los trabajadores a los que mantuvo sin solución de continuidad y a todos los clientes, creando con ello una sucesión empresarial encubierta.
Suculentos sueldos
A partir de ese mismo año, la mujer, que cobraba un sueldo que estaba en torno a los 20 euros, recibió en menos de 24 meses, en sus cuentas, ingresos de unos 240 euros, para evitar los embargos asociados a la deuda de la Seguridad Social. Por todo ello, fueron detenidas 3 personas e investigada y no detenida una cuarta, imputándoles un delito contra la Seguridad Social y tres de frustración en la ejecución.
