Fraude masivo en las ayudas del Plan PIVE: 78 detenidos, en Ciudad Real

Pagaban hasta 400 euros por la documentación de vehículos para desguace. Los arrestados son de Ciudad Real, Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, Guipúzcoa, Guadalajara, Toledo y Almería.
Edurne García Ordóñez
España
21.02.2017
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La Guardia Civil de Ciudad Real, en el marco de la operación PREVEO, ha detenido a 78 personas e investigado a otras 19, como presuntas autoras de un fraude masivo en la solicitud de ayudas del plan PIVE. Los agentes tratan ahora de determinar la responsabilidad de otros sospechosos en estos hechos.

Las investigaciones se iniciaron en diciembre, de 2015, a raíz de la denuncia de un vecino de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), que manifestaba que le estaban cobrando el impuesto de vehículos de tracción mecánica, por un vehículo que había entregado para su baja definitiva, en un centro de tratamiento de residuos.

En las investigaciones, la Guardia Civil detectó anomalías en la tramitación de la baja de este vehículo, que había sido transferido a una tercera persona y dado de baja a los tres días, sin consentimiento del denunciante, por lo que se llevó a cabo una inspección del establecimiento.

En la inspección se descubrieron irregularidades y se intervino la documentación de más de 350 vehículos, entregados en este centro para su baja definitiva, al sospechar que con todos se habrían realizado actuaciones similares a la denunciada.

Los agentes comprobaron que los documentos de los vehículos entregados para su baja eran utilizados para obtener ayudas públicas, para comprar vehículos nuevos, y beneficiarse fraudulentamente del Plan PIVE, destinado a la renovación del parque automovilístico nacional, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.

¡Vaya trama!

Para beneficiarse de esta ayuda, cuyo importe varía con arreglo a las bases de cada convocatoria, era necesario dar de baja un vehículo propio con una determinada antigüedad, sin que se exigiera un tiempo mínimo en la titularidad del vehículo entregado hasta marzo de 2015, fecha a partir de la cual, con el Plan PIVE- 7 si requería que la titularidad fuese de un mínimo de un año.

La Guardia Civil procedió a tomar declaración individual a los antiguos propietarios de los vehículos que aparecían en la documentación que había sido intervenida en el desguace, los cuales estaban convencidos de que sus vehículos habían sido dados de baja al entregarlos.

Se cotejó la documentación intervenida con los registros en las distintas Jefaturas Provinciales de Tráfico en las que había sido tramitada, y se desveló que las firmas de los contratos de compraventa, y otros documentos necesarios para realizar las transferencias, habían sido falsificadas, incluso, se detectó la falsificación de la firma de alguna persona ya fallecida.

Beneficio de las ayudas

El vendedor del vehículo nuevo ofrecía al comprador la posibilidad de transferir a su nombre un vehículo, que cumpliera con las condiciones establecidas en la convocatoria vigente del Plan PIVE, para beneficiarse de las ayudas que ofrecían tanto la Administración como el fabricante.

En algunas ocasiones, los concesionarios enviaban a los compradores a un determinado desguace para que compraran la documentación de un vehículo viejo, por las que llegaban a pagar entre 150 y 400 euros.

Con la documentación, el concesionario la remitía a la gestoría con la que trabajaba, donde se falsificaban las firmas de los contratos de compraventa y los documentos de transferencia, para presentarlos a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, manteniendo la titularidad del comprador del vehículo usado apenas tres días, durante los que se tramitaba la solicitud de las ayudas del Plan PIVE, solicitándose la baja definitiva del vehículo.

En 9 provincias

Entre los detenidos se encuentran 44 personas físicas que obtuvieron ayudas públicas mediante este sistema, imputándoseles un delito de estafa; otras 11 están relacionados con la compraventa de vehículos a través de concesionarios y talleres, a quienes se les imputa el mismo delito. Hay otras 20 personas que son titulares, gerentes o trabajadores de gestorías, a quienes se les han imputado los delitos de usurpación de identidad y falsificación de documentos, como medio para cometer el delito de estafa.

Las detenciones han sido practicadas en Ciudad Real, Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, Guipúzcoa, Guadalajara, Toledo y Almería.

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