Una organización criminal podría haber estafado a la Seguridad Social más de 2 millones de euros. La policía ha detenido a 12 personas, entre las que hay cinco empresarios y dos gestores administrativos. Se les acusa de falsedad documental, pertenencia a organización criminal y delitos contra la Seguridad Social.
La investigación de la UCRIF de la Policía Nacional, sobre un conjunto de empresas, sospechosas de fraude laboral y a la Seguridad Social, ha descubierto a una organización criminal, asentada en Mallorca.
El grupo se servía de un conglomerado de empresas utilizando a diferentes testaferros como administradores, realizando dos tipos de fraudes con ‘modus operandi’ diferenciados. Por un lado se encargaban de facilitar contratos falsos de trabajo, para recibir prestaciones fraudulentas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, conseguir permisos de residencia por arraigo o renovar estos permisos, sin llegar a mediar entre empresario y empleador ninguna relación, pero a cambio de una importante cantidad de dinero.
Y, por otro lado, el grupo había ideado un entramado empresarial, para eludir el pago de cuotas de trabajadores a la Seguridad Social, en empresas de construcción dedicadas a reformas de obras en hoteles.
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De esta manera el grupo organizado utilizaba una empresa principal libre de deudas con la Seguridad Social (uno de los requisitos exigidos por las empresas contratistas de las reformas); posteriormente, disponía de otras cuatro empresas con testaferros, que eran supuestas subcontratas de la empresa principal, y en las que sus trabajadores trabajaban en las distintas obras; trabajadores a los que no liquidaban las cuotas a la Seguridad Social.
Empresas de la construcción
La red de empresarios conseguía obras, a través de sociedades que hacían presupuestos a precio de coste y por debajo del mercado. Para lograr esto, el entramado ahorraba en los salarios de los trabajadores y en el impago de las cotizaciones. Cando una de las empresas quedaba inoperativa, por las deudas contraídas, la quebraban y se creaba otras nuevas que continuaban con el proceso.
En el transcurso de la investigación se tuvo conocimiento de que una importante gestoría de Palma de Mallorca se encontraba implicada los supuestos fraudes.
Los empresarios tendrían más de 10 sociedades en quiebra, con un fraude a la Seguridad Social por las empresas investigadas que asciende a 666.102,44 euros, si bien el importe de la cantidad impagada a la Seguridad Social a lo largo del tiempo, con todas las empresas creadas, supera los 2 millones de euros.
