La sentencia del caso Nóos ha vuelto a constituir como ejemplo palmario, que la justicia en España no es igual para todos. Una vez más se ha puesto de manifiesto que mientras los privilegiados se van de rositas, los pobres son los que tienen que soportar las penas de cárcel. Mientras Urdangarin y la infanta Cristina consiguen eludir sus responsabilidades penales por haber cometido graves delitos económicos, el ciudadano que roba una barra de pan para comer es condenado a penas de cárcel y tiene que ingresar en prisión.
Esta sentencia supone un grave atentado contra la escasa credibilidad con la que seguía contando la justicia en nuestro país. Una justicia que en el día a día sigue mostrando problemas estructurales muy graves, y que por supuesto nuestros actuales responsables políticos no están dispuestos a darles solución. Uno de esos problemas estructurales a los que me refiero, es la lentitud en la resolución de los casos; una justicia lenta no es justicia. Como causa a este problema está la falta evidente de medios materiales y humanos que tiene la administración de justicia. Otro problema endémico de la justicia en España, es la politización. Es impresentable asistir a como la Fiscalía se pone del lado de los privilegiados y de los políticos del gobierno de turno, teniendo en cuenta los graves delitos económicos cometidos por éstos. Otra de las fallas de nuestra justicia, es la inexistencia de penas de prisión contundentes contra los ladrones de cuello blanco.
Todo esto hace que la ciudadanía no crea en la justicia y que por tanto uno de los pilares del estado democrático pierda día a día altas dosis de credibilidad.
