Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia, dice que cuando se aprueben los presupuestos (PGE), los abogados del Turno de Oficio (TO) tendrán una subida de sus remuneraciones por esta prestación social del 30%. Un porcentaje que, quizás, para otro colectivo pueda representar algo de dignidad salarial pero, como explica J.R. Ramírez, “¿cuánto será un incremento del 30% de una miseria?”.
“Veamos: Proceso penal abreviado, 200 = 260 euros; proceso ordinario civil, 240 =312; verbal, 150 =195; modificación medidas, 90 =117; guarda-custodia-alimentos, 120 = 156. Estos importes son BRUTOS, no netos”.
"Dilo más claro: una mierda"
Parece que, con estas percepciones, los abogados no van a amortizar el coste de su carrera en los primeros 20 años de ejercicio y pagar las cuotas de sus colegios les va a resultar harto difícil. Lo que sí es fácil, es llenarse la boca de democracia y esgrimir un servicio, para que el ciudadano tenga derecho a sus derechos, sin pagar a quien tiene que defenderlos en los tribunales.
Los letrados están hasta el gorro de cobrar limosnas y cobrarlas cuando a alguien se le ocurre darle a la tecla de pagos, no antes de tres o cuatro meses.
El 30% de cuándo
Constatado que la mejora dinenaria es casi un insulto, cuando se parte de casi nada, conviene recordar que, además, está supeditada a la aprobación de unos presupuestos de 2018 (el año avanza), pendientes de que Ciudadanos (posiblemente) termine de ordeñar la vaca y el PNV (parece ser) concrete qué cantidad de contenedores llenos de billetes quiere.
Y ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, recordar que pendientes de equiparación salarial están los policías, en el mismo pasillo de espera y con idéntico mareo de perdiz. Claro que, ellos solo cuidan de la seguridad ciudadana, mantienen la alerta 4 por terrorismo y les han llevado a la guerra contra el narcotráfico, entre otras.
