El consumo de tabaco ilícito en España viene en aumento desde hace ya dos años. Las últimas estimaciones demuestran que el 10,3% del tabaco consumido por los españoles procede del tráfico ilícito, una tendencia que se replica también en el resto de la Unión Europea, donde se cree que el consumo alcanza el 9%. La preocupación de las autoridades ante esta situación, no solo tiene que ver con la exposición de los consumidores ante productos que no cuentan con ningún tipo de control sanitario, sino que está directamente relacionada con una cuestión económica. La industria del tabaco le representa al Estado, una fuente de ingresos única a través de la recolección de impuestos. Por lo que el contrabando ilegal, significa un desafío para las autoridades tanto españolas como europeas, que desde hace años intentan, aunque sin efecto, encontrar una solución para esta cuestión crítica.
La proliferación del contrabando de tabaco no distingue fronteras. Un estudio presentado en 2009 por la Campaña por Niños libres de Tabaco, estimó que el 11.6% de los cigarrillos comercializados a nivel mundial, eran ilícitos. Lo que a su vez significa, una gran pérdida para los Estados en términos de recaudación de impuestos. En España, por ejemplo, el comercio ilegal de tabaco le significa a la Hacienda Pública una pérdida de alrededor de mil millones de euros anuales en la recaudación de impuestos. Solamente en Andalucía, epicentro español del consumo de cigarrillos provenientes del contrabando se registraron pérdidas de hasta 780 millones de euros.
Al mismo tiempo que los Estados intentan desplegar políticas para ponerle un fin al comercio ilegal de tabaco, las principales empresas tabacaleras sacan provecho de la situación. Durante años, se han registrado denuncias contra las grandes multinacionales como por ejemplo la compañía British American Tobacco (BAT) acusada de espionaje corporativo y de infiltrarse en agencias de aplicación de leyes para hacer prevalecer sus intereses. De hecho, algunas investigaciones pusieron en evidencia el rol de las tabacaleras en el contrabando de sus propios cigarrillos. Una alternativa desplegada por las compañías para hacerle frente a los impuestos y aumentar sus ventas, a expensas de la salud de los consumidores. Esta práctica internacional, también está en incremento en España. Un estudio presentado por Ipsos demostró lo que por años se venía sospechando: los datos demostraron que gran parte del tabaco ilegal se encuentra en las cajetillas de fabricadas por las grandes empresas. En ese sentido, se evidenció que el aumento de la comercialización de tabaco ilegal no corresponde al aumento de cajetillas falsificadas, sino que la mayor parte de los cigarrillos ilícitos vienen en paquetes oficiales que logran sortear los controles. Lo que sin dudas, pone en tela de juicio el sistema actual de control y la responsabilidad de los fabricantes sobre sus canales de distribución.
Mientras as consecuencias del aumento del contrabando de tabaco se hacen cada vez más evidentes, también queda claro que hasta ahora, la lucha contra el tráfico ilícito no ha sido eficaz. En sus intentos por revertir la situación, en 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un protocolo de acción con respecto al tráfico ilícito. Uno de los puntos fuertes de dicho tratado, es aquel que establece que cada cajetilla de cigarrillos debe estar marcada para así poder seguir el trayecto de la misma. Aunque dicho punto generó ciertas inquietudes. Al haberse comprobado las maniobras de las empresas para comercializar sus productos por fuera del mercado legal, para así evadir los impuestos correspondientes, quedó claro que las mismas no podían ser responsables del sistema de seguimiento. Por lo que se estableció que el sistema debía estar desarrollado por una entidad independiente. Es decir, una empresa que no obtuviera más del 20% de sus ingresos de la industria del tabaco.
A su vez, en mayo de 2017, la Unión Europea puso en funcionamiento una nueva directiva sobre productos del tabaco, un sistema de seguimiento y trazabilidad de los mismos. Lo que significa que, a partir de mayo de 2019, los estados miembros deberán garantizar que los paquetes de cigarrillos cuenten con un identificador único desarrollado por una empresa independiente, para que los mismos puedan ser rastreados con facilidad. Aunque a diferencia del protocolo establecido por la OMS y ratificado por la UE, este no prevé medidas claras con respecto a la independencia del sistema de rastreo, lo que les da lugar a las tabacaleras a infiltrarse en el sistema para así recuperar el control sobre sus productos.
Las voces en contra de la falta de independencia en la directiva de la UE no tardaron en aparecer y muchos aseguran que solo se trata de una cortina de humo que busca opacar los lazos evidentes entre la Comisión Europea y los lobbies del tabaco. En esa línea, desde Francia, el Comité Nacional contra el Tabaquismo, manifestó su preocupación con respecto al carácter de independencia del sistema, asegurando que muchas asociaciones que se hacen llamar independientes de la industria del tabaco, actúan en nombre de las tabacaleras. Haciendo énfasis en este punto, Yves Martinet, presidente del comité, advirtió sobre el riesgo de la posible clonación oculta de los códigos por parte de las empresas, al intentar controlar la trazabilidad.
La directiva de la UE, representa un avance, aunque no una solución. El sistema de seguimiento solo puede funcionar en tanto sea manejado por una entidad independiente de la industria del tabaco. De lo contrario, se seguirá promoviendo un mecanismo opaco y controlado por las tabacaleras. No sería la primera vez que las empresas del sector, actuaran para privilegiar sus intereses, por lo que si la Unión Europea realmente quiere terminar con esta problemática, debe asegurarse que las condiciones sean respetadas. La independencia marca la línea que las tabacaleras no podrán cruzar y desde el comienzo del proyecto, esa línea está siendo desdibujada. Si realmente se quiere desplegar un sistema eficaz, no se deberá tolerar la interferencia de las compañías y se deberá garantizar la transparencia en el proceso de trazabilidad. Tanto España como la Unión Europea en general, necesitan de una vez por todas, ponerle fin a esta lucha, que lleva años sin resolverse.
