Tras veinte años de tumultuosas negociaciones, en junio del año pasado, la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) llegaron a un acuerdo de principio con respecto al tan postergado tratado de libre comercio entre ambos bloques. El Ejecutivo español fue un ferviente defensor de este tratado y participó activamente en las intensas reuniones que permitieron que el acuerdo finalmente viera la luz del día. Es precisamente por su activo rol como negociador, que ahora España se enfrenta al pedido expreso de diferentes grupos ambientalistas que le urgen a la Unión Europea no concretar el pacto hasta que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reconsidere sus proyectos de explotación a reservas indígenas protegidas en el Amazonas.
No es la primera vez que la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea peligra a causa de las controvertidas medidas anti ambientalistas del presidente Jair Bolsonaro. En 2019, el presidente francés, Emmanuel Macron, envió la primera advertencia luego de que se dieran a conocer las cifras sobre los incendios intencionados que arrasaron la Amazonia brasileña. En ese entonces, Macron cuestionó el compromiso de su par brasileño con las causas medioambientales y amenazó con dar marcha atrás en la ratificación del tratado, si el mandatario continuaba implementando políticas que facilitaran la explotación forestal de la Amazonia para convertirla en pastos y cultivos. Ahora, el acuerdo pende de hilos nuevamente, a causa del proyecto de ley promovido por Bolsonaro que contempla la explotación de las reservas indígenas para la minería, la extracción de petróleo y gas y la instalación de hidroeléctricas. Proyecto que ha sido calificado por los pueblos indígenas como un “genocidio, etnocidio y ecocidio”.
“Ser indígena en Brasil, es un peligro”. Posiblemente esta frase del portavoz de Ecologistas en Acción, Tom Kuchard, sea la más adecuada para describir el hostigamiento al que se enfrentan los indígenas del Amazonas. De acuerdo con las últimas cifras presentadas por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), las invasiones de tierras indígenas en Brasil por parte de mineros y madereros ilegales, se incrementaron un 44% en los primeros nueve meses de 2019. Período que coincide con la llegada de Bolsonaro al poder. A lo que la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) agrega que durante este tiempo, también han aumentado las violaciones de derechos de los indígenas.
La protección de los territorios indígenas está incluida en la Constitución, como así también está amparada en numerosos tratados internacionales. Es por ello que organizaciones ambientalistas como Greenpeace y Amnistía General, apuntan contra Bolsonaro por no garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos como el derecho a la seguridad y al territorio. A la vista de estos grupos, Bolsonaro es el principal responsable del recrudecimiento de la violencia contra los pueblos indígenas, que se ve reflejada en los más de ocho asesinatos de líderes indígenas que se produjeron en el último año. Entre los más recientes, se encuentra el asesinato del líder indígena Paulo Guajajara, miembro de los “guardianes del bosque”, encargados de proteger la selva por cuenta propia, luchando contra la expansión de las actividades ilegales en la misma.
La apertura de zonas protegidas para la explotación industrial no es exclusiva de la política de Bolsonaro. Con el avance de los grandes grupos corporativos sobre los territorios protegidos, se ha fijado una tendencia internacional de persecusión contra pueblos indígenas. En Indonesia, por ejemplo, otro país que ha sufrido las consecuencias de los devastadores incendios causados por la explotación forestal a cargo de empresas del sector del aceite de palma y de la pulpa y el papel, también se han registrado abusos sistemáticos contra las comunidades indígenas. Casualmente, llevadas a cabo por algunas de las más importantes empresas que son a su vez las acusadas de ser las responsables de los incendios. Este es el caso de Asia Pulp and Paper (APP), la compañía de pulpa y papel más grande de Indonesia, perteneciente al grupo chino-indonesio Sinar Mas, controlado por la familia Widjaja. APP cuenta con un vasto historial ambiental que ha sido cuestionado numerosas veces por Greenpeace, quien ha vinculado tanto a la empresa en particular, como al grupo en general, con la destrucción a gran escala de bosques y turberas en Asia. Pero sobre todo, Asia Pulp and Paper cuenta en su haber con importantes casos de violación de derechos humanos. En concreto, son más de cien los conflictos sociales en los que está involucrada la compañía.
Tal como sucede en Brasil donde los pueblos indígenas protegen por sus propios medios los recursos naturales de sus territorios, en Indonesia también existen figuras similares a los “guardianes del bosque”. Y así como Brasil lloró el asesinato de uno de ellos, Indonesia también se ha conmocionado con el asesinato del activista Indra Pelani, quien luchaba contra la toma de posesión de las tierras de aldeanos por parte de las grandes corporaciones. Pelani murió a manos de un guardia de seguridad que trabajaba para una subsidiaria de Asia Pulp and Paper. Si bien ese ha sido quizá el caso más emblemático de los atropellamientos a los derechos humanos llevados a cabo por el grupo Sinar Mas y en particular por APP, la lista de acusaciones contra el grupo es larga. En Canadá, Paper Excellence, otra empresa satélite de Sinar Mas, se ha visto envuelta en una disputa por haber contaminado lagunas cercanas a una comunidad indígena y ha sido obligada a cerrar su fábrica de Northern Pulp en Nueva Escocia.
Estos últimos ejemplos sirven para comprender que la lucha que encabezan los pueblos indígenas es internacional. Los desafíos a los que se enfrentan los pueblos son cada vez mayores ya que llevan consigo una enorme carga de violencia. Lo que llama la atención es que aún al día de hoy, son pocos los que se visibilizan esta lucha. Mientras que los incendios ocuparon las tapas de los medios internacionales más importantes, poco se ha escuchado sobre esta otra cara. Y si bien los pueblos indígenas constituyen menos del cinco por ciento de la población mundial, estos salvaguardan el 80% de la biodiversidad del mundo. Quizá, este dato sirva para poner en perspectiva la importancia de su protección.
Así como lo establece la ONU, “los pueblos indígenas no solo se encuentran entre los más vulnerables a los impactos del cambio climático, sino que también tienen muchas de las soluciones para adaptarse a este”. Es por ello que los anuncios como el de Bolsonaro, deben ser seguidos de cerca. Considerando el impacto que podría tener el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, los países miembros deben actuar en concordancia con sus compromisos medioambientales y exigir que Brasil, así como cualquier otro país, cumpla con los objetivos ecológicos. De la misma forma, Bolsonaro deberá comprender que unirse a la Unión Europea a través de un acuerdo comercial, significa también unirse al bloque en la lucha contra el cambio climático y dejar de lado, de una buena vez, su política antiecologista.
