Hoy 6 de diciembre de 2019, se cumplen 41 años desde la aprobación de la Constitución española de 1978. Y aunque sea un tema recurrente en cada nuevo aniversario, se hace más necesario que nunca un conjunto de reformas, que se deberían centrar en el blindaje de los servicios públicos y de los derechos sociales.
41 AÑOS DE CONSTITUCIÓN
Tras 41 años de trayectoria de nuestra Ley de leyes, y tras comprobarse una serie de deficiencias que se han generado en algunos asuntos importantes para nuestra sociedad, ha llegado la hora de afrontar un conjunto de reformas que permitan actualizar nuestra Constitución a cada una de las coyunturas políticas, económicas y sociales que nos afectan.
En distintos países de Europa y del mundo, los cambios en sus respectivas Constituciones han sido habituales a lo largo de los últimos años, y además han servido para mejorar y reforzar los pactos de convivencia en cada una de esas sociedades.
ES NECESARIO BLINDAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS DERECHOS SOCIALES
Dejando en un plano diferente, los cambios que se podrían adoptar para actualizar nuestro marco territorial y tratar de poner fin a los problemas de los nacionalismos periféricos, las distintas fuerzas políticas de izquierda a derecha deberían comprometerse a impulsar pactos de Estado, que centren el objetivo en las principales preocupaciones y necesidades de la ciudadanía.
Me refiero al proceso de blindaje que se debería llevar a cabo de nuestros servicios públicos y de los derechos sociales como pilares fundamentales de sostenimiento de nuestro Estado de Bienestar. Un Estado de Bienestar que tras la crisis económica y las políticas de recortes de la derecha, ha sufrido un importante retroceso.
Un blindaje de los servicios públicos, con la meta de recuperar y mejorar la calidad de estos auténticos ejes de desarrollo para nuestro país, al mismo tiempo que se deben garantizar los derechos sociales que están recogidos en nuestra Constitución, y que tras las políticas regresivas de los últimos años no se están cumpliendo.
Derechos como a tener una vivienda digna, un trabajo digno, una sanidad, educación y servicios sociales públicos y de calidad. Hay que apostar decididamente por estas reformas y no volver a permitir por parte de una ciudadanía movilizada reformas regresivas como la que realizaron sin consultar a la ciudadanía, PP y PSOE en 2011, para primar el pago de la deuda sobre los derechos sociales.
