La Fiscalía ha denegado la posibilidad de que se retiren las euroórdenes de detención que pesan sobre Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Toni Comín. El fiscal hace una diferencia entre inviolabilidad -la circunstancia por la cual un individuo tiene ningún tipo de consecuencia penal en su función del cargo- y la inmunidad -la situación por la cual un individuo es ajeno a un proceso penal-.
Por lo tanto, se niega a retirar las órdenes de detención del juez Pablo Llarena porque la Justicia quiere que los tres exmiembros del Govern rindan cuentas. Además, como la medida cautelar es previa a su candidatura a las elecciones europeas de mayo de 2019, el fiscal considera oportuno mantenerla.
El mantenimiento del criterio seguido hasta ahora por la Justicia impedirá que Puigdemont pise territorio nacional porque, de ser así, sería puesto inmediatamente ante la justicia. "Las órdenes de detención e ingreso en prisión son plenamente ejecutivas en territorio nacional”, reza el escrito.
El Protocolo de Inmunidades del Parlamento Europeo recoge que un parlamentario disfrutará de la inmunidad que le concede su cargo en su país siempre y cuando este no haya pedido un suplicatorio para actuar contra dicho parlamentario. Este es el caso de España y, por lo tanto, de los cuatro políticos independentistas fugados.