El Tribunal de Cuentas ha cuantificado en 4,14 millones de euros la cuantía de los fondos públicos que el gobierno autonómico de Carles Pugidemont invirtió para la realización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El órgano fiscalizador pide a los 19 altos cargos del Govern que permitió el referéndum del 1-O que abonen dicha cantidad en función de su participación en los próximos 15 días o, de no ser así, sus bienes serán embargados.
El expresidente Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí no tendrán que pagar dicha cantidad porque cuentan con la inmunidad que le otorga su condición parlamentaria de diputado del Parlamento Europeo. Se trata de una actuación administrativa y no penal, por lo que estos tres exmiembros del Govern no tendrán que afrontar dicho pago.
Artur Mas también tuvo que hacer frente a un pago similar
El expresidente de Cataluña Artur Mas tuvo que pagar dicha cantidad por la consulta del 9 de nvoiembre de 2014. El exlíder autonómico fue condenado, junto a los otros seis miembros del Govern, por un delito de malversación de fondos públicos y tuvieron que abonar lo gastado.