Las asociaciones de usuarios financieros no salen de su asombro tras conocer el giro que ha dado el Tribunal Supremo en las últimas horas ordenando, por una mayoría ajustada, que el impuesto producido al firmar una hipoteca debe asumirlo quien recibe el préstamo y no quien lo da para hacer negocio.
Por ejemplo, para ACOUGA, una asociación gallega que protege los intereses de consumidores y usuarios, considera que el resultado de la votación de los magistrados es "ilógica y contraria a todas las reglas del Derecho Fiscal". En ASUFIN no se entiende su decisión porque a su juicio "cada vez que el Tribunal Supremo hace política económica, se equivoca y Europa le corrige", recuerda.
Ante este revuelo, las asociaciones anuncian que no se van a quedar de brazos cruzados. ASUFIN, que defiende que la acción no prescribe y que la devolución debe ser retroactiva, asegura que "los consumidores no nos conformaremos" porque "los consumidores confiamos en que los jueces de los tribunales civiles cuestionen este criterio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y aclaren a la Sala Civil del Supremo si los efectos de la nulidad de la cláusula de gastos de constitución de la hipoteca, pueden ser moderados", afirma Patricia Suárez.
El análisis jurídico que hace ACOUGA sobre el resultado que se ha conocido este lunes, del que todavía falta conocer la argumentación técnica que sostiene la votación a favor de la banca, es que el Supremo se ha decantado por abandonar la línea jurisprudencial al desmarcarse de la setencia de la Sección 2ª del 16 de octubre. "En esa setencia se consideraba que el artícuo 69.2 del Reglamento de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados era incompatible con la Ley de este impuesto, que carga el gravamene en el caso de las escrituras notariales a las personas que solicitan las escrituras o que están interesados en que le sean otorgadas". En base a esa argumentación, ACOUGA afirma que "para la Sección 2ª era evidente que los bancos son los interesados en ese otorgamiento, porque la escritura y su posterior inscripción les da tanto fuerza ejecutva como garantía efectiva de la sujección del bien inmueble hipotecado al pago del préstamo hipotecario", recuerda.
Por eso, ASUFIN, ante el escenario de confusión que se creó tras el 16 de octubre y el desconcierto que ha significado el pronunciamiento del Supremo en favor de la banca pide "seguridad jurídica para los consumidores y que todos los actores del mercado se atengan a las mismas reglas*.
ASUFIN aún no ha salido del estado de shock que le ha causado el giro radical de los jueces. "Hemos acogido con estupor la noticia de que el Tribunal Supremo daba marcha atrás para liberar a las entidades financieras del pago del IAJD. Casi 20 días después de que iniciase este auténtico culebrón, un pleno dividido, con el voto decisivo de un presidente muy cuestionado, da marcha atrás a favor de la banca.Tres sentencias a favor del ayuntamiento de Rivas, tres en su contra. Misma parte actora, mismo supuesto de hecho. Tendremos que esperar a leer las sentencias para intentar comprender cómo han articulado jurídicamente este vaivén jurídico", señala la presidenta de ASUFIN.
La crítica también apunta a Luis Díez-Picazo, presidente de la Sala en el Tribunal Supremo, ya que ACOUGA recuerda que debería estara afectado por "causa legal de abstención al prestar servicios docentes en dos cursos académicos en un centro universitario cuya titularidad es de la Asociación Española de la Banca". ACOUGA afirma que este miembro del Tribunal Supremo ha manifestado, con sus últimas actuaciones, su "falta de neutralidad, y lo que es más grave, su despreocupación ante la opinión pública sobre su evidente falta de neutralidad". La asociación gallega reflexiona además que al haber inclinado finalmente la balanza a favor hacia los bancos con su voto "este mismo juicio se tiene que extender a lamayoría del Pleno que ha adoptado también el acuerdo".
La imagen de la justicia, muy criticada en las últimas horas, "causa un enorme daño a la reputación de la cúpula judicial española y la desconfianza en la ciudadanía cara a su función de unificación jurisprudencial en el Estado de Derecho está totalmente justificada".
