El Dépor no puede soñar con “arreglar” la permanencia en los despachos, en caso de que la justicia considere que debe condenar penalmente a los jugadores que, según apunta la Fiscalía Anticorrupción, habrían participado en el amaño del resultado del partido de Liga que disputaron Levante y Zaragoza en Valencia el 21 de mayo de 2011.
El pacto al que presuntamente llegaron el Zaragoza y los jugadores del Levante habría servido para garantizar que el equipo aragonés continuase un año más en la máxima categoría, empujando esa temporada a los coruñeses al pozo de la Segunda División. Cuando exista condena podrá constatarse con certeza que la competición de la temporada 2010/2011 se habría adulterado. Mientras tanto, el recorrido judicial que espera al caso es muy largo y durará años hasta que se resuelva con firmeza.
La clave está en el momento en que se realizó la revelación del presunto amaño. El artículo 9 del código disciplinario de la Real Federación Española contempla específicamente los plazos de prescripción de una infracción disciplinaria, como la que habrían cometido los clubes y los jugadores, siguiendo, según los indicios investigados, órdenes dictadas por los regidores de los clubes. El plazo para que prescriba una infracción muy grave, la máxima tipificación, es de tres años “comenzándose a contar el plazo de prescripción al día siguiente de la comisión de la infracción”, tal y como apunta el texto legal federativo.
Así pues, la fecha de la revelación del amaño, octubre de 2014, es la que marca el punto de partida. Es en esa fecha cuando el hoy capitán del Atlético de Madrid, Gabi, y que hace tres años era uno de los jugadores del Zaragoza presuntamente implicados, manifestó: “Hice lo que el club me pidió”. Son palabras pronunciadas por el futbolista al periódico El Mundo, y que sirven para confirmar la sospecha de que el 21 de mayo de 2011 el juego no fue, presuntamente, limpio. La frase, realizada a un medio de comunicación, dio pie al origen del destape de un escándalo deportivo en toda regla en donde hay beneficiados y perjudicados. Gabi fue además el autor de los dos goles del partido de la sospecha y que dieron la victoria a su equipo, su último servicio al Zaragoza antes de firmar por el cuadro colchonero. Admitió que había recibido del entonces presidente de su club, Agapito Iglesias, 120 €.
El jugador afirmó después que esa cantidad fue devuelta por él al máximo dirigente del club, aunque, supuestamente, el destino de ese dinero habría ido a parar a los futbolistas del Levante. A cambio del dinero recibido, los jugadores habrían acordado dejarse perder, tal y como apuntan las pruebas que se aportarán en la sala penal cuando se conozca la fecha de celebración del juicio.
Sin embargo, el Deportivo no presentó ninguna denuncia nada más conocerse los hechos. Ni siquiera solicitó la petición de apertura de expediente disciplinario en el estamento federativo. De haberlo hecho, la situación deportiva del Levante y del Zaragoza hoy podría ser distinta. ¿Por qué? La Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar el supuesto tongo en junio de 2013, es decir, cuando el plazo todavía no estaba prescrito en la justicia deportiva. Por tanto, junio de 2013, marca el punto de arranque de la investigación y también abre la incógnita de qué habría pasado si el Dépor hubiese reaccionado oportunamente al conocer que oficialmente se estudiaba el caso del posible amaño deportivo. ¿Cuál fue la causa por la que el Deportivo, que litigó en muchas ocasiones para defender sus intereses, no trasladó el asunto y exigió responsabilidades deportivas? Es una cuestión que cabría preguntar a la anterior asesoría jurídica del club, en manos de Germán Rodríguez Conchado. Si existía plazo suficiente para poder acudir a la vía de la justicia deportiva, como se puede comprobar en esta información, resulta curioso que el club coruñés no hubiese puesto más energía. Incluso es evidente que antes de esta fecha ya existían las sospechas acerca de que se habría realizado la presunta compra del partido, ya que el comentario sobre lo sucedido corrió en los mentideros del fútbol -vestuarios, dirigentes futbolísticos, …- en el que se daba por hecho que el amaño habría sucedido en dicho partido.
El Deportivo , por tanto, no tomó medidas en este sentido entonces y no realizó ningún tipo de actuación por cuenta propia durante los tres años en que pudo haberse movido, ni administrativa ni judicialmente.
Además del trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, el actual consejo de administración del Deportivo ha tratado de mantener viva la causa al solicitar personarse en el procedimiento. Ahora, el club prepara un escrito de acusación a la vista de los indicios recogidos por el ministerio fiscal. El motivo de personarse en el procedimiento es tratar de exigir una indemnización como perjudicado directo de aquél partido, si finalmente se demuestra judicialmente. Es el único beneficio que podría conseguir la justicia estima la petición que realice en su momento.
La jueza de Valencia de primera instancia, al que le tocó instruir este caso, trató de dar carpetazo al asunto pero la insistencia en los recursos presentados por la Fiscalía, La Liga y el actual consejo de administración del Deportivo -a este último se le negaba el derecho a personarse-, acabó recibiendo el parabién de la Audiencia Provincial que ha respaldado los diferentes escritos y ha ordenado a la jueza instructora que reabra el caso y sea juzgado. Por tanto, todos los acusados tendrán que pasar por el juzgado en un juicio oral que todavía no tiene fecha y en el que más de 40 personas serán interrogadas como investigados. Con el caso reabierto, al Deportivo le toca el turno de preparar y formular el escrito de acusación y solicitar los daños que tiene que cuantificar con motivo de ese descenso deportivo, que no tenía que haberse producido.
La oportunidad perdida de la vía deportiva
La denuncia para tener recorrido vía sancionadora en los órganos deportivos tenía que haberse formalizado no sólo por la vía penal sino que también tendría que haberse interpuesto otra en plazo y forma, paralelamente, en la que se formulase la petición de sanción a la propia Federación Española de Fútbol. De haberlo hecho, el primer efecto habría sido interrumpir los plazos de prescripción, que en los estamentos deportivos son mucho más cortos. Al interrumpirse la prescripción podría haberse mantenido viva la llama de un descenso de categoría de forma administrativa para los infractores.
Sólo el ente federativo tiene la potestad de establecer un descenso de categoría por este tipo de hechos. Por causas como el amaño, la Liga Profesional no contempla medidas punitivas, ya que su legislación está mucho más volcada en velar por la salud económica de los clubes y el estricto cumplimiento de sus obligaciones societarias. Es solamente la Federación, encargada de organizar la competición y de sancionar lo que en ella sucede, en donde habría posibilidad de ir más allá de la resarción económica. Pero ahora mismo el plazo para solicitar la sanción está totalmente agotado. De no haberse prescrito, la Federación tendría que haber estudiado incluso la pérdida de la categoría de un club que hubiese estado implicado en un presunto amaño deportivo. La norma federativa indica que el plazo de prescripción se podría interrumpir “por la iniciación del procedimiento sancionador, pero si éste permaneciese paralizado durante un mes, por causa no imputable a la persona o entidad sujeta a dicho procedimiento, volverá a correr el plazo correspondiente, interrumpiéndose de nuevo la prescripción al reanudarse la tramitación del expediente”. Por tanto, la vía administrativa está caducada.
En cuanto a la sanción posible por este tipo de infracciones, la Federación tiene un artículo específicamente dedicado a la predeterminación de un resultado deportivo. En él dice que “toda conducta dirigida a la predeterminación de resultados, será considerada como infracción muy grave”. La sanción prevista tiene diversos receptores. En relación a los futbolistas, entrenadores, cuerpo técnico “serán sancionados con inhabilitación por tiempo de dos a cinco años”. A los dos clubes que participasen del amaño se les deducirían “seis puntos en su clasificación, anulándose el partido”. Además, el artículo 75 en el que se fijan este tipo de sanciones, en otro apartado, también prevé el descenso de categoría del equipo beneficiado, que en este caso podría haber sido el Zaragoza. “El club directamente beneficiado por las conductas descritas en el apartado 1 del presente artículo, podrá ser sancionado con la pérdida de categoría, en el caso de que pueda demostrarse algún vínculo con los autores de la infracción”, apunta la norma.
Más sanciones deportivas previstas que ya no se podrán solicitar
Antes de penar al presunto club corruptor con el descenso de categoría, el texto federativo también especifica otro tipo de inhabilitaciones. “Los que participen en la comisión de las infracciones descritas sin tener la responsabilidad material y directa, serán sancionados con inhabilitación o privación de licencia por tiempo de dos años”. Curiosamente, la norma federativa tendría en cuenta la decisión de los tribunales penales para terminar de establecer la responsabilidad final de los participantes. Así, el punto 2 del artículo 75 termina con el siguiente párrafo: “Para la determinación del grado de responsabilidad de estos sujetos, el órgano disciplinario tendrá en cuenta las reglas sobre responsabilidad que establece la legislación penal”. Pero la vía penal “no recoge por ningún sitio la pena de descenso de un club de fútbol. Eso no está contemplado en el código penal”, aclara Rafael Alonso, experto abogado coruñés en el prestigioso despacho Caruncho, Tomé & Judel. “Los plazos de prescripción en la Federación, y en la Liga para otros asuntos, son muy cortos. Ya no hay tiempo para poder reaccionar por esta vía”, lamenta Rafael Alonso.
Por la vía penal los implicados podrían ser condenados condenas de cárcel e inhabilitaciones
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha reunido diferentes indicios probatorios para solicitar ante el tribunal penal una condena de dos años de cárcel para cada jugador que habría participado en dicho encuentro. También solicita a la jueza 6 años de inhabilitación para todas las personas investigadas para impedir que puedan participar en cualquier asunto que esté relacionado con el mundo del fútbol. Es decir, jugar al fútbol, entrenar , ser director deportivo o un ejecutivo de una entidad futbolística. La pena sería válida además para cualquier país, no sólo para España. La investigación de la Fiscalía es amplísima y acusa por igual al presunto corruptor -el Zaragoza, incluido al entrenador de entonces, Javier Aguirre, y sus jugadores- como a los supuestos corruptos señalados en la causa -el Levante y sus jugadores, que habrían aceptado perder el partido a cambio de dinero-. La cifra total de la corruptela, que ha valorado la Fiscalía, ha quedado fijada en 965 euros. Al menos, nueve futbolistas del Zaragoza, habrían realizado las aportaciones que justificarán la existencia de los pagos a los jugadores que habrían aceptado el pacto de la derrota. El modus operandi habría sido el siguiente: previamente los jugadores del Zaragoza habrían recibido el dinero que les habría ordenado ingresar el presidente del club. Una vez obtenido el resultado, los futbolistas fueron, presuntamente, los encargados de realizar los pagos a los jugadores del Levante. Los jugadores maños señalados son: Doblas, Lanzaro, Ander Herrera, Da Silva, Braulio, Ponzio, Jorge López y Diogo y el entrenador, Javier Aguirre. Todos han negado su participación, pero los movimientos de las cuentas bancarias que han realizado los investigadores apuntarían hacia otra verdad. A ello se une, el comportamiento de los jugadores del Levante que ese verano, sospechosamente, apenas gastaron dinero de sus cuenta. La labor de comparación de los movimientos bancarios de los futbolistas la realizaron los funcionarios de Hacienda, que han elaborado un informe en el que explican con detalle la comparativa de gastos de un verano a otro de los protagonistas.
El recorrido penal que queda tiene que ver con la petición de cárcel para los implicados y el de las inhabilitaciones, tal y como ha trasladado ya en los últimos días al juzgado la Fiscalía.
Faltan años hasta que el asunto se resuelva judicialmente
En caso de que finalmente los clubes y los jugadores sean condenados, la sentencia no sería firme inicialmente ya que caben recursos, por lo que el recorrido judicial de esta pieza procesal tardará años en resolverse. “La única excepción posible sería si negociasen con la Fiscalía una reducción de las penas y como resultado del pacto hubiese una confesión del amaño y cómo y a quién se realizaron los pagos. Sólo en ese caso, improbable, no habría recursos y la primera sentencia sería firme”, razona el abogado Rafael Alonso.
Además, el letrado añade que aunque “la reposición deportiva es imposible” sólo cabe la vía de la indemnización por los perjuicios ocasionados “como es el caso de los derechos de televisión. En Segunda no son los mismos que en Primera División, por ejemplo, y se podría probar el quebranto del club por los ingresos de televisión que se dejaron de percibir. Pero ya no cabría especular con otro tipo de cuestiones como con qué jugadores podría haber contado ese año, o los futbolistas que dejaron el club como consecuencia del descenso”, explica Alonso.
El no haber incoado expediente oficialmente en la Federación Española también ha permitido que las sanciones previstas por la jerarquía balompédica se extingan también en cuando a las responsabilidades disciplinarias que se habrían derivado por las presuntas actuaciones ilícitas cometidas por el Levante y Zaragoza debido a “la prescripción de sanción o de la infracción”, recogida en el artículo 13 del código federativo.
Curiosamente, lo que no contempla el código disciplinario de la Federación Española de Fútbol es si se debería ascenderse al club que hubiese sido perjudicado con la pérdida de categoría como consecuencia de que un partido fuese amañado deportivamente para evitar el descenso de otro club.
