El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este lunes la devolución de 50 menores de Ceuta a Marruecos este fin de semana. El titular del ministerio ha defendido que dicha actuación se ha realizado "de acuerdo a la ley", siempre poniendo por delante "el bienestar" de los inmigrantes. Marlaska ha asegurado que todos los ministerios implicados, incluso el de Derechos Sociales y Agenda 2030 -que criticó ferozmente las decisiones de Interior-, estaban informados de la devolución de los menores porque esto "no es una expulsión sino un retorno de medio centenar de jóvenes".
El Gobierno continúa con la devolución de 15 menores al día. "Lo que se ha acordado con el Gobierno marroquí es que ellos serán los encargados de buscar a las familias de los menores, y en el caso de que no fuera posible quedarían en un centro de acogida", aseguran fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta a Efe.
Belarra pone el grito en el cielo
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, mandó una carta a Marlaska el sábado porque lo que acontece en Ceuta es "muy grave". "La operativa parece estar realizándose sin la observancia estricta de la legislación española, de las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño", subrayó la ministra.
A lo largo de la carta, el Ministerio de Derechos Sociales enumera los incumplimientos legales que podrían representar la devolución de los menores iniciadas este fin de semana. Por ejemplo: el artículo 10 de la Directiva 2008/115 sobre el retorno y expulsión de menores no acompañados. En este, se recoge que, antes de expulsar del territorio a un menor no acompañado, el Estado "se cerciorará de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o a unos servicios de acogida adecuados en el Estado de retorno". Por ello, el ministerio exige el "estricto respeto de la legislación nacional respectiva, de las normas y principios del Derecho internacional, en especial de las disposiciones pertinentes de la Convención de los Derechos del Niño, y de los Protocolos Facultativos de los que ambos Estados son Partes".
"Entendemos que, de confirmarse las actuaciones supuestamente no acordes a la ley emprendidas en el día de hoy, estas supondrían un incumplimiento de los derechos de las niñas y niños extranjeros en España, algo muy grave en el marco de nuestra legislación y de nuestros compromisos internacionales en materia de derechos de infancia", recoge la misiva. Todo esto puede suponer "un incumplimiento de los derechos de los niños extranjeros en España, algo muy grave en el marco de nuestra legislación y de nuestros compromisos internacionales en materia de derechos de infancia".
El PSOE califica la medida de "garantista"
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y exsecretaria de Estado de Migraciones, Jana Halloul, ha defendido que la medida del Gobierno es "muy valiente y muy progresista", asegurando que el procedimiento se está realizando "con todas las condiciones y de manera garantista".