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Madrid pide al Gobierno entrar en la fase 1 el 11 de mayo

El consejo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Comunidad de Madrid.

ÚLTIMA HORA SOBRE EL AVANCE DEL CORONAVIRUS EN ESPAÑA

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo 11 de mayo. El principal motivo por el que el gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso solicita a Salvador Illa este avance es el futuro económico de la región.

Para que los territorios avancen, tienen que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo: la capacidad de instalar camas UCI en menos de cinco días en función de las necesidades, la incidencia del coronavirus en el territorio en el pasado y presente del mismo y cumplir diferentes criterios de movilidad. 

El ejecutivo bipartido de PP y Ciudadanos mantuvo este miércoles un acalorado consejo de gobierno en el que las posturas estaban bien diferenciadas: por un lado Díaz Ayuso, que abogaba por mantener a la provincia en la fase 0 15 días más; por otro lado, su "número dos", Ignacio Aguado, que defendía solicitar el avance de la comunidad para flexibilizar las medidas del estado de alarma por el bien de la economía de la región que más dinero aporta al Estado. 

Frente a la decisión de la capital, la de Cataluña: de las nueves áreas sanitarias que tiene, solo pide que tres pasen a la siguiente fase. Barcelona no estaría entre las elegidas por la incidencia que ha tenido la pandemia en la ciudad condal y sus alrededores.

Los territorios que puden pasar 

Todas las comunidades y ciudades autónomas han solicitado que el ministerio les permita pasar de fase, excepto Castilla y León y Cataluña de forma generalizada. Si bien es cierto que alguna región específica de estas dos autonomías sí que reunirían los requisitos para pasar a la fase 1, en su gran mayoría todas las provincias permanecerían 15 días más en la fase preparatoria de la desescalada preparada por el Gobierno de España.

El Ministerio de Sanidad dialogará hasta el próximo lunes con los dirigentes de las diferentes autonomías individualmente para consensuar qué territorios cumplen los requisitos y qué otros deben esperar. 

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