El Gobierno de España quiere dar una imagen de fortaleza y rectitud frente al desafío soberanista. La ministra de Educación en funciones y portavoz del Ejectutivo, Isabel Celaá, ha anunciado que La Moncloa recurrirá a la Abogacía del Estado para que impugne las resoluciones aprobadas ayer en el Parlament de Cataluña relacionadas con la detención de nueve CDR el pasado lunes. "Obviamente, las resoluciones de ayer parece que van en dirección de tensionar situaciones sociales", ha asegurado.
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Rueda de prensa de la portavoz del Gobierno, @CelaaIsabel, y la ministra de @mitecogob, Teresa Ribera, para informar sobre los acuerdos del #CMin. https://t.co/2paL66Iowd— La Moncloa (@desdelamoncloa) 27 de septiembre de 2019
Celaá ha pedido al presidente del Govern, Quim Torra, que condene "con claridad" la violencia porque "se esperan actitudes muchos más claras a quienes ostentan puestos de responsabilidad". Una actitud, la del ejecutivo autonómico, que quedó latente ayer en la cámara catalana cuando tachó el trabajo de la Guardia Civil, por orden de la Audiencia Nacional, de "represión". Para el Gobierno, la labor de la Benemérita fue un "ejercicio discreto y de digno reconocimiento".
Además, la portavoz ha defendido que “el Estado no quiere criminalizar a los independentistas”. Simplemente “no está dispuesto a consentir que se ataquen la Constitución y el Estatut".
Celaá: "No se dan las condiciones para aplicar el artículo 155 en Cataluña"
La portavoz del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno apuesta por el diálogo para intentar acercar posturas con la Generalitat de Cataluña, pero ha mostrado la fidelidad de todos los miembros del Consejo de Ministros con la Constitución. "La Constitución es nuestra herramienta común para el diálogo, pero también lo será, si fuera necesario, para la defensa de nuestros valores y de nuestro sistema contra aquellos que quieran vulnerarlo", ha asegurado.
Por ello, la ministra en funciones ha asegurado que velarán por el "interés general" y que, en el caso de que se perjudicara a este con "resoluciones que no están en la Ley", el Gobierno tomaría cartas en el asunto.