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La desertificación amenaza al 75% de España

Tablas de Daimiel estuvo afectada por la sequía. (Fot.: Eulogio Gálvez)

Si el 20% del territorio español ya está desertificado, el 75% restante está en peligro de seguir el mismo camino. Al menos así lo ha asegurado la organización conservacionista WWF en un comunicado explicando que habrá “sequías más graves” si seguimos sin aplicar un “cambio radical” en la política de gestión del agua más sostenible y estratégica.

La mala gestión y la sobreexplotación del agua son la cara oculta de sequías cada vez más extremas que recrudecen aún más la grave desertificación que afecta ya al 20% de nuestro territorio. Así lo recoge el nuevo informe de WWF llamado ‘Crónica de una sequía anunciada’, en el que se recuerda que “las sequías no se resuelven en verano” y la alerta de “mayores impactos”.

ESPAÑA AVANZA HACIA LA DESERTIFICACIÓN

En este sentido, Rafael Seiz, experto del Programa de Aguas de WWF, cuenta que “si la cantidad total del agua en España fuera una cuenta bancaria, lo que hacen las autoridades del agua es repartir ese crédito entre los usuarios”. Por eso, ahonda en que “el sector agrícola, acapara el 80% de esos recursos”.

[Sumario]

“Según trascurren los meses sin precipitaciones, si no tomamos buenas decisiones y somos previsores, vamos agotando nuestros ahorros”, prosigue relatando Seiz. Por eso, se acerca el “momento en el que entramos en números rojos” y comenzamos a “sufrir los efectos de una nueva sequía”. Esta es la crónica de una sequía anunciada.

A pesar de esta sequía, WWF señala algunos graves problemas para que se avance hacía esta temible desertificación. Por un lado, que el modelo de gestión de agua que se prioriza en algunas zonas es el de regadío. Precisamente en territorios donde no existe suficiente agua en los ríos y los embalses para dicho fin, por lo que se recurre a las aguas subterraneas.

Por otro lado se encuentra la ilegalidad. La de aquellos pozos ilegales que existen en nuestro país, que se estiman que llegarían al medio millon. Así, WWF señala la temible opacidad en este ámbito desde la Administración Pública sobre cuánta agua se gasta, quién la usa y qué derechos han sido concedidos.

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