Esta empresa se diferencia de otras en tres aspectos: lo que vende no es un producto legal, no paga impuestos y no ha ido a un ERTE; sus 25 trabajadores, distribuidos en 8 zonas de Madrid, no tenían dudas de la solvencia de la entidad, dedicada a recibir pedidos de cocaína, a través de su central de llamadas (call center), porque su sello de calidad, visible en el precinto de la dosis, ha sido el mejor reclamo para ampliar su cartera de clientes, máxime durante el confinamiento por pandemia de Covid-19. Por su parte, los usuarios, además de contar con todas las garantías, recibían el encargo en menos de 20 minutos, en su domicilio y, en ocasiones, un obsequio por permanencia y gasto realizado.
Ahora, agentes de Policía Nacional de la capital, han desmantelado este telecoca, tras largas pesquisas, en las que han participado más de 250 funcionarios, para detener a 28 personas, incluido el dueño del negocio, y realizar en simultáneo 21 entradas y registros en domicilios, donde han intervenido más de 85 euros y casi 4 kilos de cocaína, para cerrar una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid e impulsada por la Fiscalía Especial Antidroga. No sabemos si alguno de los 28, la mayoría repartidores a los que la empresa les proveía de motos, para ser más eficientes, han ido a la trena; sí cabe suponer que muchos se han quedado parados, y que los clientes se han visto sumidos en un lapso que, probablemente, ya esté subsanado, por el bien común y aquello de los síndromes de abstinencia.
En la nueva normalidad ¿podemos separar el grano de la paja?; es decir, si sacamos a un lado que el producto no es legal, y nos centramos a modo Montoro, en cuantificar las ganancias de este telecoca, durante el tiempo estimado de permanencia en el mercado, el número de clientes y la cantidad distribuida; y el pago a las arcas públicas de esa cantidad dineraria se le reclama, por todas las vías, al responsable de la sociedad, tal vez ganemos todos los que sí pagamos impuestos y cotizamos a la Seguridad Social, incluso los repartidores tendrían sus prestaciones y derechos; porque, que España es el paraíso de los narcos, es una realidad innegable e imparable; que los ciudadanos vemos cómo se hacen millonarios sin aportar nada al erario, también; y que en nada nos beneficia que vayan a la cárcel: lo mismo; porque al final, entre rejas, pasan el tiempo sin rehabilitación ninguna, a la espera de volver a fundar otra sociedad anónima, de convencer a sus suministradores internacionales de que no les corten la cabeza e impedir que otros se hagan con el dominio del mercado que han abierto, con el esfuerzo y medios que cada uno le ha puesto.
Si Cristóbal Ricardo Montoro Romero, ministro de Hacienda y Función Pública (2011-2018), tuvo la soltura de contabilizar en el PIB nacional las drogas y la prostitución, con una aportación de entre el 2,7 y el 4,5 % (entre 27 y 45 millones), pues, ¿por qué no vamos a reclamar tasas e impuestos a narcos y proxenetas?; y, oiga, ya metidos en harina, ¿por qué no se envían los narcóticos incautados a los laboratorios farmacéuticos, para su uso legal?; ¿qué tal si aprovechamos los recursos que tenemos?