Dos años de inhabilitación para el honorable Artur Mas. Esa ha sido la condena por la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se ha limitado a aplicar la ley. La desobediencia tiene su castigo. La sentencia aún no es firme, puesto que tiene que ser ratificada por el Supremo.
La carrera política de Mas parece que toca a su fin. El expresident tenía planeado ser, una vez más, el candidato del PdeCat -antigua Convergencia- en las elecciones autonómicas del próximo otoño. Después de este revés, y sin poder soltar el lastre de la corrupción, la bandera de la jubilación forzosa otea en el horizonte. “En el Estado español se persigue a la gente por sus ideas”, declaró. Se equivoca otra vez. No hay condena por la defensa de unos ideales, los de la independencia, sino por vulnerar la ley e ignorar lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Debe darse por satisfecho, teniendo en cuenta que la fiscalía pedía diez años de inhabilitación que se han quedado en dos. Don Artur se empeña en vestir un traje de mártir que no acaba de sentarle bien.
El Ministro de Justicia, por su parte, ha aprovechado la coyuntura para sacar pecho: “nadie está al margen de la ley”. Rafael Catalá consideró que el fallo demuestra que “cuando hay un proceso judicial se lleva a cabo con todas las garantías”. Es una lástima que no saliera a la palestra con la misma determinación cuando se conocieron las sentencias del caso Noós o de las tarjetas ‘black’ de Cajamadrid.
Mientras, el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, jura y perjura que en 2017 se celebrará el referéndum de independencia en Catalunya, ya que esta sentencia “refuerza el proceso”. El escenario político que se dibuja recuerda al cuadro de Goya ‘Duelo a garrotazos’. Esperemos que la sangre salpique lo menos posible al sufrido ciudadano que paga sus impuestos.