El Ejecutivo también ha destinado 522 millones de euros a ayudas para proyectos de investigación y contratos predoctorales y ha acordado que los acompañantes de los viajeros puedan entrar en las terminales de los aeropuertos a partir del 15 de octubre.
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La portavoz del Gobierno y ministra de @territorialgob, Isabel Rodríguez, el ministro de @mapagob, Luis Planas, y la ministra de @CienciaGob, Diana Morant, explican los acuerdos aprobados en #CMin. https://t.co/QMkIYDvhwG
— La Moncloa (@desdelamoncloa) October 11, 2021
El Consejo de Ministros ha presentado el Anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, concebido para producir una drástica reducción del desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y fomentar su aprovechamiento.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo que España es el tercer país de la Unión Europea que va a legislar en materia de despilfarro alimentario, tras Francia e Italia, si bien lleva años haciendo campañas que apuestan por una alimentación sana, segura, sostenible y a buen precio.
Planas ha indicado que los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos sin consumir, una media de 31 kilos por persona. Ante estos datos, el ministro ha explicado que la futura ley trata de atajar un triple desperdicio: económico, medioambiental y moral.
Tirar alimentos, ha argumentado el ministro, supone desperdiciar el trabajo de agricultores y ganaderos, los medios naturales empleados para producirlos, el suelo, el agua, y olvidarnos de las emisiones a la atmosfera generadas en su producción y de las más de 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo. "No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura", ha subrayado.
Jerarquía en el uso
La norma promueve actuaciones para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo, y plantea una jerarquía donde se prioriza la alimentación humana.
El ministro ha indicado que tanto los alimentos que se aproximan a la fecha de caducidad como a la de consumo preferente indicada en la etiqueta pueden venderse, adquirirse y consumirse y no deben de acabar en la basura. La primera prioridad es que se donen a organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos para que los consuman las personas que los necesiten.
Los alimentos que no se vendan pero que estén en condiciones óptimas de consumo tendrán que transformarse en otros, como zumos, mermeladas o cremas. Cuando no sean aptos para el consumo humano, se plantea la posibilidad de que se usen como subproducto de la alimentación animal o fabricación de piensos, para la industria, para la obtención de compostaje o para la obtención de biogás u otro tipo de combustible.
Luis Planas ha apuntado que hay productos con fecha de consumo preferente vencida, como el aceite de oliva virgen, que siguen siendo consumibles. Estos artículos deberán presentarse al consumidor de forma separada y claramente diferenciados del resto, con precios inferiores, o destinarse a la donación.
Los establecimientos de hostelería, como bares y restaurantes, tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de que se lleven, sin coste adicional, lo que no hayan consumido.
Las tiendas con una superficie superior a los 400 metros cuadrados, tendrán que habilitar un lugar para colocar los productos que estén en condiciones perfectas para el consumo, pero que tengan mala apariencia. El ministro ha puesto como ejemplo que hay frutas o verduras con mala presentación, pero que son consumibles.