El máximo representante del Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha defendido que puede ser presidente desde Bruselas. “Soy perfectamente investible presidente” , decía. Defiende que las leyes catalanas no impiden que se nombre a un político como presidente si no está en las Cortes catalanas. Expresaba, con sus argumentos, que la vía telemática para ser nombrado como el dirigente del gobierno catalán. En contraposición, afirma que “no se puede ser presidente desde la cárcel”, suponiendo que, si vuelve a España, será encarcelado.
En alusión a la cárcel, decía que estaba en contacto permanente con Jordi Turrul y Josep Rull, encarcelados tras la aplicación del artículo 155, y que se reunía cada martes con miembros de la directiva de JxCAT. “Es evidente que no son las condiciones de normalidad que nos gustarían, pero es mucho más difícil, tristemente, hacerlo desde el Estado español, donde tendríamos que gobernar desde la prisión”.
??? president @KRLS a @maticatradio: "Entre ser president o ser presidiari, soc més útil de president. Què és millor el control de la Generalitat des de Madrid o des de Catalunya i una part d'Europa?" pic.twitter.com/lvlSLqbwLa
— Junts per Catalunya ?? (@JuntsXCat) 19 de enero de 2018
“La alternativa es que yo sea presidiario y no presidente”, añadía. Además, se dirigía a Esquerra, alegando que el plan de después del 155 “solo es uno”, dejando en el aire continuar con el objetivo independentista.
Solo renunciaría a su puesto de presidente si la mayoría de la cámara catalana le retirara el apoyo que recibió en la anterior legislatura. Lo decía con la siguiente frase: “El Parlament me ha escogido y ningún parlamento me ha retirado la confianza, que es quien lo tiene que hacer”.
Por último, añadía que no tiene intención de rectificar. “Las conversaciones no van precisamente mal”, decía en alusión a si hay una negociación con ERC y la CUP para formar un gobierno de corte secesionista. “Los presidentes los escogen los parlamentarios”.
Carles Puigdemont fue cesado como presidente de Cataluña en octubre del año pasado, tras el desafío soberanista del 1-O y la fallida declaración de independencia de la República Catalana.