La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alcanzado un acuerdo con Vox para sacar adelante antes de final de año los primeros Presupuestos para Madrid desde 2019. Entre las medidas estrella del pacto de derechas se incluye la gratuidad de la educación no obligatoria (de cero a tres años), Bachillerato y Formación Profesional.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha confirmado la noticia celebrando que "vamos a tener un presupuesto, que va a responder a las necesidades de las familias". Les anuncio que hemos llegado a un acuerdo, que se recoge en 13 medidas, una por cada diputado que tiene Vox”, subrayaba la líder de ultraderecha. Según recoge una nota de prensa del partido, el gobierno de Ayuso implantará “un bono educativo que financie dichas etapas a las familias de clase media”.
El acuerdo entre el PP y Vox también recoge otra "exigencia histórica" de los ultras: la reducción del "gasto político superfluo" como el de Telemadrid. Al 10% ya acordado en el ajuste del presupuesto de la televisión pública madrileña se suma el "recorte en gasto de promoción de consejerías, de arrendamientos de edificios, de estructura administrativa y de órganos o entes duplicados”. Además, se va a disponer de 50 euros para el control del gasto de la televisión pública, “cuya contratación deberá realizarse en los tres meses siguientes a la aprobación de presupuestos, es decir, en marzo de 2022″. De esta manera, se podrá “analizar los resultados conseguidos de la actividad subvencionada correspondiente”.
En relación a las auditorías, el PP también cede en el caso de los menores no acompañados, la okupación o las bandas latinas: “El Gobierno de Ayuso se compromete a realizar una auditoría, contratada también en marzo, de los centros de MENAs que incluya todos sus aspectos legales, financieros, procedimentales y de funcionamiento”. Por lo tanto, “el Gobierno de Madrid estudiará personarse en las acciones judiciales que se desarrollen en aquellos asuntos que pongan en grave riesgo la seguridad personal de los ciudadanos o sus propiedades (okupación), ante infracciones administrativas o penales provocadas por grupos organizados (bandas latinas) o individuos”.
Además, Vox defiende la "política social" que desplegará el gobierno de Ayuso gracias a sus presiones. Esta se apoya en cuatro pilares: incremento de la dotación a cuidados paliativos, ayudas a adolescentes embarazadas, ayudas a familias con personas con Trastorno del Espetro Autista y el “establecimiento de un principio de igualdad en los incentivos a la contratación para que no se discrimine entre los potenciales receptores”.
“El acuerdo es la expresión de la voluntad de ambas partes de trasladar a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid el programa de investidura pactado entre ellos”, subraya el texto. “Con el presente acuerdo el Gobierno se compromete a no alcanzar ningún acuerdo total ni parcial con los otros grupos. Del mismo modo, Vox se compromete a no apoyar ninguna de las enmiendas a la totalidad ni enmiendas parciales presentadas por los otros grupos presentes en la Asamblea”, concluye el mismo.