La ministra María Jesús Montero ha comparecido en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados para explicar las líneas generales de la política de su departamento en materia de Función Pública. Se trata de su primera intervención en esta nueva Comisión, que se constituyó formalmente el 20 de septiembre, después de que el Ministerio de Hacienda asumiera las competencias de Función Pública.
Montero, en su comparecencia, ha reafirmado el compromiso del Gobierno con unas Administraciones Públicas modernas, de calidad, adaptadas a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y capaces de afrontar los retos futuros. "La modernización de las Administraciones Públicas es un elemento fundamental para su legitimación social", ha defendido.
La ministra ha reivindicado el papel clave de lo público dentro del "contrato social" del que se ha dotado la sociedad "para redistribuir la riqueza y eliminar inequidades", además de como impulsor del dinamismo económico, de la innovación, de la investigación y de la capacitación del capital humano que luego se traslada a la economía en su conjunto.
"Miremos donde miremos, las Administraciones Públicas son la clave de bóveda de nuestro modelo de convivencia, de nuestro bienestar social y de nuestro progreso económico", ha insistido Montero, quien también ha recordado "cuando en lo peor de la pandemia todo el país se confinó y sólo los sectores esenciales y las Administraciones Públicas estuvieron trabajando sin descanso", además de su irreemplazable papel en acontecimientos de toda índole, como la erupción del volcán en La Palma, las inundaciones en Andalucía, Extremadura y Baleares o los miles de incendios registrados el pasado verano.
La ministra ha explicado los objetivos específicos de su departamento en el ámbito de la Función Pública. En primer lugar, ha ratificado el compromiso del Gobierno con el empleo estable y de calidad: "Vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público aprobando las OEP (ofertas de empleo público) de estabilización de empleo temporal antes del 1 de junio de 2022", ha afirmado.
Montero ha recordado que el objetivo del Gobierno es reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones. Se trata de una exigencia que sólo cumple la Administración General del Estado (7,04%), frente a las cifras mucho más elevadas de otras administraciones territoriales, que elevan la media estatal hasta el 30%, una temporalidad que está por encima de la del sector privado (23,6%).
"No es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la Administración lo haga como temporal", ha recalcado la ministra. En este sentido, se ha referido al Real Decreto-ley 14/2021 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público aprobado en Consejo de Ministros el 6 de julio y que se está tramitando como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados. Acto seguido, Montero ha calificado de "razonable" y ha señalado que va "en línea con las disposiciones judiciales" el acuerdo que diferentes formaciones políticas alcanzaron hace unos días según el que se estabilizarán las plazas estructurales que lleven al menos cinco años ocupadas de forma interina, así como aquellas ocupadas por empleados interinos que lleven más de cinco años en la Administración.