El Gobierno y el PP han cerrado el acuerdo que aborda la renovación de todas las altas instituciones del Estado salvo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una semana después de anunciarse por sendas partes, el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han cerrado este jueves los nombres de los candidatos que formarán parte del Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos.
Moncloa y Génova 13 han acordado hasta 20 perfiles que estaban pendientes de renovación desde noviembre de 2017 si nos referimos al Defensor del Pueblo o desde noviembre de 2019 si hablamos del Tribunal Constitucional. A pesar de que PSOE y PP habían transmitido en las últimas horas su intención de colocar a perfiles muy técnicos en las más altas instituciones del Estado, lo cierto es que todos los elegidos tienen un marcado perfil político. Desde Ferraz han aceptado perfiles muy cercanos al ala conservadora del PP, mientras que desde la planta séptima de Génova han tenido que aceptar al excandidato socialista en las últimas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, como nuevo defensor del Pueblo. El único organismo en el que cambia la mayoría es el Tribunal de Cuentas. Hasta ahora había una clara mayoría conservadora, mientras que ahora estará formada por progresistas.
¿Quiénes entran en el nuevo Tribunal Constitucional?
PSOE y PP emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraban que los nombres pactados gozan de “prestigio reconocido y una dilatada trayectoria profesional”. Sin embargo, el perfil de muchos elegidos es claramente político. Por ejemplo: una de las nuevas magistradas del Constitucional, Concepción Espejel, es presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Fue recusada en varias ocasiones en el "caso Gürtel" por su vinculación con los populares y, en particular, tiene una estrecha relación con la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. El otro magistrado del PP es Enrique Arnaldo, letrado de las Cortes Generales y colaborador de FAES, la escuela de ideas dirigida por José María Aznar.
Uno de los jueces progresistas que entra en el TC es Ramón Sáez, magistrado de la Audiencia Nacional cercano a Unidas Podemos. Aunque el PP pedía que los morados se quedaran fuera de la negociación, ha aceptado este nombre porque Bolaños negociaba "en nombre del Gobierno de España", formado por PSOE y Unidas Podemos. Este juez absolvió a los acusados de asaltar el Parlament de Cataluña en 2011. La jueza propuesta por el PSOE para el Constitucional es Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y experta en igualdad de género.
La presidencia de mujeres aumenta aunque muy poco. Entran dos mujeres y sale una -el PP es la primera que propone a una mujer para que ocupe un sitio en el TC-. El Ejecutivo quiere aumentar la presencia femenina en el Constitucional y pretende hacerlo en la siguiente renovación, la que corresponde a mayo de 2022.